La Suprema Corte declaró constitucionales las disposiciones de la Ley del Seguro Social -que entraron en vigor en 1997-, las cuales estipulan que los recursos acumulados en los seguros de cesantía en edad avanzada y vejez de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro podían ser entregados por las afores al gobierno federal.

Ello, luego de que un particular impugnó el artículo 13 transitorio de la ley, vigente a partir del 1 de julio de 1997, al considerar que vulneraba garantías constitucionales.

Dicho artículo transitorio estableció que los individuos que llegaran a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y vejez bajo la vigencia de esa ley y optaran por los beneficios de pensiones, regulados por la legislación anterior, recibirían la pensión indicada bajo los supuestos de la ley derogada, así como los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta del seguro de retiro.

Además estipulan que los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serán entregados por las administradoras de fondos para el retiro al gobierno federal.

Así, los ministros de la Segunda Sala consideraron que si bien el trabajador es propietario de la cuenta individual que contiene los recursos acumulados de la subcuenta, ello no implica que la transferencia al gobierno federal vulnere sus garantías individuales.

Ya que atendiendo al origen de esa propiedad, queda claro que la misma está sujeta a las modalidades que establece la citada ley, por lo que la disposición de los recursos no se encuentra otorgada a los trabajadores, sino en la forma y términos que disponen la misma Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otras aplicables , indicaron los ministros.

Los integrantes de la Segunda Sala argumentaron que no se ve afectada la propiedad de los aludidos recursos y, por ende, dicho artículo de la Ley del IMSS no es inconstitucional.

No priva de su propiedad al quejoso sino, en todo caso, regula la forma en que esos recursos serán administrados, es decir, no se está permitiendo la imposición de modalidades a la propiedad privada que puedan nulificar o extinguir a la misma, de manera que al no verse privado de su propiedad, no se actualiza violación constitucional alguna , refirieron.