El Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, presentó una demanda contra JP Morgan Chase & Co. por fraude sobre valores respaldados por hipotecas vendidas por el exbanco Bear Stearns.

Esta medida fue la primera acción de un grupo creado por el presidente estadounidense, Barack Obama, para investigar y llevar ante la justicia a quienes hayan cometido delitos durante la crisis económica.

El coloso financiero que dirige Jamie Dimon se hizo con la firma neoyorquina tras colapsar en el 2008, unos meses antes de que se derrumbara Lehman Brothers.

Bear Stearns fue la primera entidad de Wall Street en sacar a la luz los problemas de los abusos con las hipotecas, después de que en el 2007 dos de sus fondos especulativos se declararan sin liquidez.

El fiscal afirma en su denuncia que se defraudó a miles de inversionistas, la falta de pruebas impidió incriminar a los directivos que estaban detrás del empaquetado de hipotecas. Schneiderman busca con su acción legal atacar a los bancos por los problemas de supervisión interna a la hora de evaluar los préstamos y por no ser transparentes con sus clientes al promocionar activos que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria quedaron sin liquidez.

Los acusados cometieron múltiples actos fraudulentos y engañosos en la promoción y venta de sus respaldos por hipotecas (RMBS) , asegura Schneiderman. En concreto, el fiscal acusa al banco de hacer creer a los inversionistas con los documentos y el material de marketing entregado que había evaluado cuidadosamente la calidad de los préstamos en sus RMBS, así como que seguiría vigilando estas inversiones. Sin embargo, los acusados fallaron de forma sistemática a la hora de evaluar completamente estos préstamos, haciendo caso omiso a los defectos que su limitada revisión descubrió y ocultó a los inversionistas tanto la insuficiencia de sus procesos de revisión como los defectos de los préstamos .

Dos funcionarios federales con conocimiento de la investigación dijeron que, si bien la demanda fue presentada bajo la ley de estado de Nueva York, gran parte de la investigación se realizó a nivel federal; la acusación, presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, se basa en la ley Martin, el poderoso estatuto de Nueva York para evitar fraudes que no requiere pruebas de intento de engaño.