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Infonavit suspende a cuatro despachos en su esquema de cobranza
Participaron en presuntas adjudicaciones irregulares.
Luego de haber iniciado una auditoría al interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el fin de revisar las presuntas adjudicaciones ilegales que hicieron que derechohabientes perdieran sus viviendas, especialmente en Nayarit y Coahuila, este organismo ya suspendió en sus procesos de cobranza a cuatro despachos involucrados con estos casos, informó el director general del organismo, Carlos Martínez Velázquez.
Entrevistado luego de su participación en el aniversario de la Asociación Mujeres Líderes por la Vivienda (Muliv), Martínez Velázquez recordó que, desde diciembre del año anterior, ordenó una auditoría interna para revisar los presuntos casos de adjudicaciones ilegales, además de que pidió revisar la política de cobranza del organismo, en donde se encontraron deficiencias para vigilar el actuar de los despachos con los que colabora en el tema de la cobranza judicial.
“El 27 de diciembre (del 2018) pedí una auditoría interna para los casos que estaban sonando en la prensa de Nayarit y Coahuila. A partir de ahí, la auditoría interna de la institución nos pidió suspender a cuatro despachos de cobranza (...) no podemos decir más, porque la investigación está en curso, pero tenemos ya suspendidos a cuatro despachos, que se investigarán más a fondo, pues fueron los que participaron en los casos de Nayarit y Coahuila”, comentó el funcionario.
A principios de este 2019, se informó que en ese entonces el Infonavit trabajaba con cerca de 270 despachos para recuperar la vivienda que se había adquirido con un crédito del organismo y que, por varios factores, principalmente por movilidad laboral, el derechohabiente dejaba de pagar.
Sin embargo, destacó que en muchos de los casos donde se había llegado a esta instancia había irregularidades, pues no se proporcionaba la información adecuada a los derechohabientes en dicha situación con el fin de defenderse y no perder su vivienda.
En este contexto, Martínez Velázquez indicó que está por firmar un convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de revisar todos los esquemas de cobranza y no vulnerar los derechos de sus beneficiarios que no pueden terminar de liquidar su crédito.
“Estamos por firmar ya en este mes el convenio con la CNDH, que se acordará para revisar todo el proceso de cobranza, desde el inicio que es la cobranza administrativa (llamadas telefónicas), hasta la judicial (que es la parte de recuperación de la garantía hipotecaria) se va a revisar en conjunto con la CNDH”, explicó el funcionario.
En su momento, el Infonavit informó que desde el 2014 a la fecha, por medio de distintos despachos, había más de 130,000 casos de juicios contra derechohabientes originados en Nayarit y Coahuila, a pesar de que los involucrados residían en otras jurisdicciones.
Rescate de vivienda abandonada
Martínez Velázquez adelantó que, en abril próximo, el organismo anunciará el esquema de recuperación de vivienda abandonada que tiene registrada el instituto, el cual se pretende tenga la participación de varios actores, como los gobiernos estatales y municipales, para que ésta sea funcional.
“Estamos prácticamente listos, estamos haciendo las últimas consultas con actores interesados (...) estamos consultando a académicos, valuadores, gente que había participado en las subastas (que las suspendí desde que llegué). Entonces, estamos dialogando con todos los actores, pero ya tenemos una base firme para anunciar en abril el programa de (recuperación de) vivienda abandonada”, detalló el director del Infonavit.
De acuerdo con cifras del organismo, al cierre del 2018, el Infonavit tenía un inventario de más de 58,600 créditos relacionados a vivienda con un dictamen de abandono. Se estima que, en el país, existen más de 5 millones de viviendas en dicha situación, adquiridas por créditos de diversos organismos.
El director del Infonavit acotó que todavía se está en análisis el nuevo esquema de financiamiento del mismo, especialmente en la parte de aumentar los montos del crédito que otorga a los trabajadores de menos ingresos.
Martínez Velázquez detalló que el análisis de su nuevo esquema parte del costo financiero que le podría generar al instituto: “Hay que recordar la mutualidad del fondo significa que se presta por un lado, se cobran intereses y, de ésos, pagas rendimiento al otro lado a los trabajadores (...) imponer un costo financiero más alto en el instituto, a través del otorgamiento en montos máximos de crédito más altos es una decisión que se tiene que analizar con mucho cuidado”, comentó.
