La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación de oficio que busca encontrar pruebas de posibles prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitida por el gobierno federal, estatal y municipal.

Se trata de una averiguación que se centrará en intermediarios financieros (primarios y secundarios), como instituciones de crédito (bancos), casas de Bolsa o las sociedades de inversión, que hayan participado en subastas de este tipo de activos en los últimos 10 años, en un mercado que opera alrededor de 100,000 millones de pesos diarios (5,300 millones de dólares) según información de la agencia de noticias británica, Reuters.

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Lo que busca el órgano autónomo creado en el 2013, encargado de vigilar, promover y garantizar la competencia y libre afluencia de inversionistas en los mercados, es encontrar si alguno de los mediadores ya mencionados manipularon el precio de estas emisiones de deuda en operaciones primarias y secundarias, las tasas de interés que generan este tipo de inversiones o si han tenido algún tipo de intercambio de información entre ellas para manipular la demanda sobre este tipo de valores y así incrementar el precio de los papeles de deuda.

Los títulos de deuda son valores que pueden ser adquiridos por cualquier persona y que contienen obligaciones o un derecho crediticio estricto con los acreedores y tenientes de este tipo de papeles financieros. Se liberan en el mercado de valores cuando el emisor necesita dinero líquido para financiarse y lo hace a través de inversiones colocándolas en el mercado de capitales.

En términos simples es como si cualquier persona le prestara dinero a otra con miras a financiar un proyecto, sólo que en este caso el nivel de incremento de la tasa de interés que genera esa inversión está regulada, el precio de los papeles que representan la deuda fueron emitidos por los gobiernos y la persona que hizo el préstamo puede volver a vender los papeles de deuda y obtener ganancias derivadas de esa venta con un mayor tasa de interés que la pactada originalmente.

En términos financieros estos activos se crean genéricamente y son emitidos en masa, por lo que una persona física o una moral, puede adquirir la cantidad de bonos que quiera. Y todos los títulos de esta deuda tienen derechos idénticos. En este caso los títulos fueron emitidos por entidades públicas (por organismos del estado nacional, las entidades o los países, provincias o municipios) y si se comprueban prácticas fuera de la regulación los principales afectados serán las entidades públicas que tendrán que pagar más dinero porque su deuda ha crecido.

La investigación incluye todos los instrumentos emitidos por el Gobierno federal, estados y municipios, la agencia de protección bancaria IPAB, la banca de desarrollo y empresas estatales como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Las entidades públicas colocan estos bonos en el mercado de valores para financiar algún tipo de proyecto. Los intermediarios adquieren estas deudas en una operación inicial y tienen derecho a venderlas en operaciones secundarias. El problema inicia cuando la mayor parte de los papeles financieros son adquiridos por pocos intermediarios y al tener el control casi total pueden inclinar la balanza de compra venta hacia el lado que más les convenga, manipulando los precios en las operaciones secundarias y sobre todo la tasa de interés. Esto implica directamente que si se juega con el incremento de la tasa de interés serán más atractivos para los compradores secundarios, pero la deuda será más costosa para la entidad pública, que al final pagará sus obligaciones con dinero proveniente del erario y los inversionistas finales que tienen su dinero en estos mercados.

La Cofece revisará las transacciones realizadas hace 10 años y hasta octubre del 2016 con miras a descubrir si existió algún tipo de contubernio entre los intermediarios financieros en cualquiera de sus etapas de mediación para manipular los precios, o si los intermediarios se pusieron de acuerdo entre ellos para afectar la demanda de estos valores o bien si hubiera algún intercambio de información que les permitiera relajar la competencia en los precios. Se revisarán todas las emisiones, principalmente las de subasta, y para esos casos en que se da la colocación a través del Banco de México y que pueden participar varios postores se analiza cómo se da la intermediación, cómo participan en las subastas y cómo se da el intercambio con los clientes y con las casas de corretaje en el mercado secundario.

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El sector bancario mexicano está dominado por bancos internacionales como el grupo estadounidense Citigroup, los bancos españoles BBVA y Santander, el banco británico HSBC y el banco mexicano, Banorte. Según Reuters, en México hay al menos 30 casas de bolsa registradas y varios fondos de inversión que cuentan con mesas de dinero con operaciones diarias, además existen 11 fondos de pensiones.

De comprobarse este tipo de prácticas monopólicas, las empresas involucradas y encontradas culpables deberán pagar una multa de hasta 10% de sus ingresos. Para las personas físicas que hayan resultado responsables puede haber sanciones de hasta 10 años en prisión. Aunque si los involucrados en la investigación admiten sus faltas se prevén reducciones de sanciones.

1. Los sospechosos

Intermediarios financieros, como instituciones de crédito (bancos), casas de Bolsa, casa de corretaje o las sociedades de inversión. Se analizarán a todos los intermediarios financieros (primarios y secundarios) que hayan participado en subastas en los últimos 10 años.

2. Instituciones que investigan

La investigación de oficio fue iniciada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que cuenta con la ayuda del Banco de México (Banxico), institución donde se originan las subastas y se establece la tasa de interés, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proveyendo de información y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Estas instituciones comparten la preocupación en caso de comprobarse este tipo de manipulación puede haber posibilidad de intervenir bajo sus facultades.

3. Investigación

Analizarán a todos los intermediarios (en operaciones primarias y secundarias) y todas las transacciones realizadas desde hace 10 años y hasta octubre del 2006. La investigación se centra en posibles prácticas monopólicas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos principalmente por los gobiernos y averiguar si se utilizó una posición de privilegio para manipular el precio de estos valores, las tasas de interés o si han tenido algún tipo de intercambio de información entre ellos para manipular la demanda.

4. Afectaciones

Este tipo de prácticas afectan tanto al gobierno como para los inversionistas que tienen su dinero en estos mercados. Para los gobiernos el manipular los precios de estos valores o las tasas de interés, implicaría una afectación al erario público al tener obligaciones más grandes con los acreedores. Para los inversionistas implicaría que no obtuvieron los mejores tratos en estas negociaciones.

5. Castigos

Las empresas responsables de estas prácticas estarán sujetas a pagar una multa de hasta 10% de sus ingresos, y para los involucrados como personas físicas puede haber sanciones hasta de 10 años en prisión. El artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica tiene un programa de inmunidad para los inculpados, lo que significa que si alguno de los actores involucrados acude a la autoridad y reconoce lo que está haciendo, se les reduce la sanción entre 50, 30 y 20 por ciento.

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