Investigan omisiones tras descarrilamiento del Tren Interoceánico

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno abrió investigaciones administrativas para determinar si hubo omisiones de servidores públicos, empresas o proveedores en los procesos relacionados con el accidente del Tren Interoceánico, informó la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.

En una declaración para medios de comunicación, la funcionaria explicó que, por mandato de la Ley Orgánica, la Secretaría tiene la obligación de realizar auditorías a todas las dependencias y entidades del gobierno federal, particularmente cuando ocurre un “evento desafortunado y muy lamentable”, como el descarrilamiento del tren.

En ese contexto, confirmó que existen varias investigaciones abiertas y que, a partir del incidente, se reforzará la revisión con un análisis “más detallado y específico”, con el objetivo de que se haga justicia.

Buenrostro Sánchez precisó que las indagatorias no se centran únicamente en el descarrilamiento en sí, sino en verificar que no haya existido alguna omisión en los procesos administrativos o contractuales por parte de funcionarios, empresas o proveedores que pudiera haber contribuido al accidente.

Añadió que la dependencia realiza auditorías administrativas —no forenses—, aunque en caso de detectar posibles conductas delictivas, se dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Incidente

El descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre se produjo en la región de Nizanda, en un tramo de la Línea Z, que conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, zona caracterizada por curvas pronunciadas y condiciones complejas para la operación ferroviaria.

Según las autoridades, el saldo del percance fue de 14 personas fallecidas y alrededor de un centenar de lesionados.

Tras el siniestro, víctimas y familiares comenzaron a exigir el esclarecimiento de los hechos, así como atención médica integral y reparación del daño. Al menos tres personas afectadas presentaron denuncias penales ante la FGR contra empresas constructoras, contratistas y servidores públicos, por presuntos delitos de lesiones y abuso de autoridad.

Las denuncias buscan establecer responsabilidades en torno al diseño, construcción, mantenimiento y operación del tramo ferroviario donde ocurrió el accidente.