Denuncian ejecuciones de migrantes

En el marco de la visita del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ONG advirtió que la política migratoria en México mantiene un enfoque de contención que favorece violaciones graves a derechos humanos, incluyendo desapariciones, secuestros y trata de personas.

Según una nota informativa elaborada por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el uso creciente del Ejército y la Guardia Nacional en tareas de control migratorio ha derivado incluso en ejecuciones de migrantes, las cuales —señalan— permanecen mayoritariamente en la impunidad.

El documento sostuvo que la ausencia de políticas integrales de prevención y atención ha convertido a las personas migrantes en “blancos privilegiados” del crimen organizado, particularmente en delitos como el tráfico, el reclutamiento forzado y la trata.

Subregistro

También, se advirtió que no existen registros oficiales completos sobre la violencia contra migrantes. Sin embargo, se detalló que, con base en datos de la Secretaría de Gobernación, entre 2016 y febrero de 2026 se documentaron al menos 2,121 casos de tráfico de personas, 743 secuestros y 223 casos de trata.

Además, la ONG indicó que a estas cifras se suma un monitoreo hemerográfico qué ellos realizaron en donde se identificaron 1,834 agresiones contra migrantes entre enero de 2025 y abril de 2026, donde se incluyeron 796 casos de tráfico, 570 secuestros, 50 casos de trata y 22 desapariciones.

Una crisis sin dimensionar

Por otro lado, el documento subrayó la falta de datos certeros sobre personas migrantes desaparecidas, aunque se recopilaron diversas fuentes que evidencian la magnitud del problema. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 409 migrantes desaparecidos desde 2003, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones documentó 5,495 migrantes fallecidos o desaparecidos en su tránsito hacia Estados Unidos entre 2014 y 2025.

Otros registros, como los de fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, suman cientos de casos adicionales, mientras que organizaciones de familiares en Centroamérica han reportado más de 1,000 desapariciones.