Los primeros cuatro ministros de la SCJN que intervinieron en el análisis a fondo de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México se pronunciaron por declarar la inconstitucionalidad de la misma, como propone el proyecto del ministro ponente Alberto Pérez Dayán, y consideraron ir por la invalidez de las fracciones II y III, del artículo 3, y el artículo 40.

Los ministros Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío Díaz y Norma Lucía Piña Hernández coincidieron en que la ley aprobada por el Congreso local en marzo del 2016 contiene definiciones ambiguas sobre agresión inminente y agresión real , que impugnan los incidentes de inconstitucionalidad 27/2016 de la CNDH y 28/2016 de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

El ministro ponente del proyecto, Alberto Pérez Dayán, propuso de entrada la inconstitucionalidad de los dos artículos, tomando como sustento el artículo 21 de la Carta Magna, así como lo hacen los presidentes de la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, ya que no es lo mismo el uso de la fuerza ante una agresión a utilizarla como primera opción .

El ministro Medina Mora fue tajante en la sesión del Pleno de ministros al exponer que de plano se debe invalidar toda la ley, motivando sus argumentos sobre lo recomendado por la CIDH al Estado mexicano de crear una ley federal que regule el uso de la fuerza pública, lo que hasta el momento no ha sido tomado en cuenta por el Poder Legislativo.

Al respecto el ministro Cossío Díaz, que compartió la explicación de Medina Mora, estimó que las normas administrativas para los servidores públicos, en estos casos de las policías, son complejas, por lo que no se debe ampliar más las normas, sino ser claras y precisas, debido a que ellos están inmersos en decisiones que pueden causar mayor afectación a los ciudadanos.