San Juan Copala es una comunidad sitiada, ejemplo claro y contundente de la inexistencia del Estado de Derecho y de la omisión criminal de los gobiernos estatal y federal. A Copala no se puede entrar ni salir porque un grupo paramilitar lo ha decidido. No lo ha hecho de manera clandestina, lo hace con armas en mano, de frente a los gobiernos y a la comunidad internacional, con la confianza que sólo la amplia protección política otorga. Ahí manda la Ubisort (Unidad por el Bienestar Social de la Región Triqui), cercana al PRI.

Los conflictos entre las comunidades Triquis no se explican por la visión comúnmente difundida sobre los Triquis como grupo étnico violento . El periodo de mayor violencia incia el 7 de abril del 2008, cuando fueron asesinadas Felícitas Martínez y Teresa Bautista, quienes trabajaban en la estación de radio comunitaria, La voz que rompe el silencio . El cerco sobre la comunidad se tiende en el 2009, quedando aislada, sin provisión de alimentos y constantemente asediada por las ráfagas de disparos desde la cercanía.

A principios del 2010 se organiza la primera caravana humanitaria a San Juan Copala que buscaría romper el cerco. El pasado 27 de abril, 25 activistas y periodistas nacionales y extranjeros fueron emboscados con armas de alto poder por encapuchados de la Ubisort. La acción arrojó dos muertos, el ambientalista finlandés Jyri Jaakkola y Beatriz Alberta Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).

Ayer una caravana humanitaria integrada por activistas y organizaciones sociales de todo el país, con la participación de diputados federales y del DF, buscó por segunda vez romper el cerco de San Juan Copala. No lo logró. En la acción participó la Procuradora Estatal de Justicia María de la Luz Candelaria quien afirmó: No puedo garantizar la seguridad de los integrantes de la caravana .

Mientras se aproximan las elecciones en Oaxaca, Copala nos brinda el mejor ejemplo que los acuerdos políticos nacionales que pretendidamente le dan gobernabilidad al país, en realidad generan lo contrario. Desde el 13 de octubre del 2009, la Suprema Corte de Justicia encontró a Ulises Ruiz responsable de la violación grave a las garantías individuales durante el conflicto que se vivió en la capital de Oaxaca de mayo del 2006 a enero del 2007.

Del gobierno estatal no podemos esperar nada. Cuando un gobierno alude una situación compleja en Copala en realidad nos está diciendo que ahí no gobierna. Si las autoridades de gobierno sostienen que no se puede ingresar a Copala por falta de garantías , deberían al momento entregar su renuncia.