Los asesinatos de alcaldes en México han alcanzado cifras récord en los últimos años, según reporta la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), lo que ha encendido las alarmas sobre lo que pasa al interior de los municipios y la operación de las bandas del crimen organizado.

De acuerdo con datos de la organización de ediles, entre el 2013 y hasta el 15 de abril pasado, han muerto 74 personas: cinco alcaldes electos, 25 en funciones y 44 exmunícipes, la cifra más mortífera de los últimos 12 años.

No obstante, la violencia hacia los presidentes municipales ha ido en incremento desde el sexenio de Felipe Calderón cuando se registraron 48 casos en total: cuatro alcaldes electos, 29 en funciones y 15 expresidentes municipales, reportó la organización de munícipes.

Ante esta situación, la ANAC, que agrupa a más de 400 alcaldes —emanados del Partido Acción Nacional (PAN)— hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para generar un protocolo de seguridad para los candidatos que se disputarán las alcaldías el próximo 1 de julio, una petición que fue atendida hace algunos días.

“Estuvimos con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el acuerdo fue empezar a trabajar ya el protocolo en conjunto y tener una mesa de trabajo y de diálogo permanente con Gobernación y presidencias municipales”, aseveró Enrique Vargas, alcalde del municipio de Huixquilucan en el Estado de México y presidente de la ANAC.

“Estamos trabajando ya en las mesas para sacar el protocolo lo antes posible”, aunque aún no hay una fecha específica para la creación e implementación del protocolo, agregó Vargas en entrevista con medios de comunicación en el marco de la realización del Séptimo Foro Alcaldes hablando con Alcaldes, realizado este martes en un hotel de la Ciudad de México.

En la próxima jornada electoral, se elegirán a más de 1,500 alcaldes en 24 entidades de la República, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral.

Ante estas cifras, el panorama no es alentador, afirmó el alcalde de Culiacán, Sinaloa —uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado en el país—, Jesús Antonio Valdés (PRI).

“Si realmente el gobierno tuviera la capacidad de proteger una elección, yo creo que se protegería diario a la ciudadanía, hay que reconocer que falta mucho por hacer y hay que decirlo claro; existen riesgos durante las elecciones porque así lo hemos vivido en otras y me cuento y que realmente tenemos que hacer un esfuerzo,sociedad y gobierno e instituciones”, dijo a El Economista.

La violencia ha afectado a los munícipes sin distingo partidista. Las cifras de la ANAC, dadas a conocer el 15 de abril pasado, señalan que en los últimos 12 años han sido asesinados 54 alcaldes en funciones, nueve alcaldes electos y 59 exalcaldes, principalmente de tres agrupaciones políticas: PAN, PRI y PRD.

El alcalde de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, Víctor Manuel Estrada (PRI, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza), precisó que una parte primordial para dar seguridad a los candidatos a alcaldes es la colaboración con autoridades, ya que a nivel local “no alcanzan” los recursos humanos ni financieros para crear las condiciones de seguridad.

“Yo creo que debemos estar coordinados entre todos y, por supuesto, darle seguimiento y que los propios candidatos también se dejen apoyar”, expresó.

“No alcanza (la infraestructura), nosotros tenemos un policía por cada, aproximadamente, 5,000 habitantes y la media internacional es uno por cada 300 y fracción de habitantes, tenemos aproximadamente 210 elementos por turno, son 24 horas, deberíamos tener por turno 1,600”, señaló.

EL EJÉRCITO Y EL AUMENTO DE DELITOS DEL FUERO COMÚN

El alcalde de Culiacán señaló que las operaciones del Ejército que se despliegan en el municipio han sido necesarias por la gran actividad de cárteles de drogas; sin embargo, han tenido consecuencias, como el aumento de los delitos del fuero común.

“El Ejército hace otro tipo de acciones, sobre todo para temas del fuero federal, pero también nos ha quitado infraestructura; en patrullas municipales andan los policías militares, entonces eso ha tenido, ha contribuido a que el delito del fuero común pues se haya incrementado, sobre todo en el robo de vehículos y robos de vivienda”, comentó.

En este sentido, Jesús Antonio Valdés —quien busca ser reelecto en las próximos comicios como alcalde de la capital sinaloense— precisó que la ciudad cuenta actualmente “con una fuerza pública muy menor” consistente en 225 policías municipales por turno en una ciudad de 600 colonias y más de 1,000 comunidades, lo que ha complicado el patrullaje.

A pesar de que actualmente al mando de la policía municipal de Culiacán se encuentran las fuerzas armadas, Valdés concluyó que se deben generar mecanismos de coordinación más efectivos, sobre todo en el contexto del cambio de administración federal, situación que, consideró, podría ser factor para un repunte en la violencia y la delincuencia.

hector.molina@eleconomista.mx