Los protocolos de seguridad anunciados la semana pasada por el presidente Felipe Calderón se emitieron tarde y aunque dan certidumbre a los uniformados federales, los lineamientos deben establecerse en una ley, opinó Samuel González, extitular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada.

Se tardaron un poquito en emitir los protocolos, debieron haberlos emitido desde principios de sexenio. Y tienen un problema, en términos generales están bien en sus principios, el problema es que esos principios deben de estar puestos en una ley , sentenció.

El analista en materia de seguridad comentó particularmente el protocolo referente al uso de la fuerza, el cual, explicó, se basa en la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, así como recomendaciones del Inacipe e instancias de derechos humanos nacionales e internacionales.

Argumentó que desde el 2006 la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a estados y federación que emitieran leyes del uso de la fuerza. El Distrito Federal es el único lugar que acató la recomendación y ahora a nivel federal se hace pero mediante un decreto, no una ley.

Desde el martes de la semana pasada entraron en vigor tres protocolos de seguridad, los cuales establecen las reglas en torno del uso de la fuerza por parte de elementos federales, la preservación de evidencias y la presentación de los detenidos ante las autoridades.

La lucha contra el crimen organizado ha sido una de las principales características que ha marcado la administración del presidente Felipe Calderón. A raíz de este combate se calcula que entre 50,000 a 60,000 personas han fallecido.

Para Alberto Islas, investigador en materia de seguridad nacional, los protocolos dan mayor certidumbre a las corporaciones federales y a la ciudadanía; no obstante, la tardanza para ponerlos en marcha ha costado miles de vidas en la lucha contra el crimen organizado.

Desde el momento en el que el Presidente de la República instruyó a que las fuerzas federales estuvieran haciendo retenes y patrullajes para combatir el crimen organizado se debieron de haber emitido. El no haberlo hecho desde ese entonces, lamentablemente, ha costado la vida de personas inocentes , dijo.

Calificó como un acierto que se hayan aplicado los protocolos, pero aclaró que ahora las autoridades deben poner énfasis en los ministerios públicos, por lo que pugnó por mayor fortalecimiento a estas instancias.

Los protocolos ayudan a las fuerzas armadas, a los presuntos culpables y a las víctimas de los delitos en que haya una transparencia en quién hizo qué. Muchas veces cuando había un crimen la información se perdía y no se le daba a los ministerios públicos, entonces se perdían los casos por falta de pruebas , dijo a El Economista.

Expuso que los lineamientos ya definen responsabilidades cuando se reporta un crimen y especifican los casos en los que se puede o no usar violencia, pero el decreto del Presidente se adoptó a casi siete meses de que concluya su administración cuando la lucha por la seguridad lleva más de cinco años.

PUNTOS CLAVE DE LOS PROTOCOLOS

En términos generales:

Los protocolos fueron signados por los titulares de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública, además de la Procuraduría General de la República.

Dichos lineamientos se presentan mediante un decreto presidencial pero no están especificados en una ley federal.

Los tres protocolos se pusieron en práctica desde el martes pasado.

El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, ha pedido al Congreso el aval de reformas que den mayor certidumbre al Ejército en el combate al crimen organizado.

Protocolo en torno del uso de la fuerza:

  • Los elementos de seguridad deben rendir informes detallados sobre su actuación, independientemente de un informe policial homologado y del registro de detenidos.
  • Especifica que el uso legítimo de la fuerza sólo se empleará cuando una persona se resista a la detención y se le haya captado en flagrancia o sea un caso urgente, cuando se deba cumplir una orden de aprehensión, cuando se defiendan los bienes jurídicos tutelados y cuando se actúe en defensa propia.
  • La autoridad no empleará armas de fuego a menos que resulten insuficientes otras medidas.

PROTOCOLO SOBRE LA PRESENTACIÓN DE DETENIDOS ANTE LAS AUTORIDADES:

  • Las autoridades federales deben elaborar un informe pormenorizado donde se exponga, entre otras cosas, el lugar, hora de la detención y si existió o no resistencia.
  • En caso de existir lesiones se debe especificar si estas fueron infringidas durante la detención, por resistencia, o en qué circunstancias ocurrieron para evitar así los casos de tortura.
  • Protocolo en torno de la preservación y presentación de pruebas:
  • Todas las autoridades que intervengan en la cadena de custodia tendrán que dejar constancia por escrito de su participación a efecto de garantizar que las pruebas sean las mismas que inicialmente se recolectaron.
  • Si el hecho presuntamente delictuoso se cometió en un lugar cerrado se deben cerrar todas las vías de acceso y si fue en un lugar abierto es necesario establecer dos cinturones de seguridad.

tania.rosas@eleconomista.mx