Si una ley no establece los criterios para que un tribunal electoral defina si influyó en una elección un hecho vinculado al crimen organizado, seguimos en las mismas , como en la presidencial del 2006, cuando se reconoció la intervención de diversos actores pero se desconocía cuál fue su influencia.

El investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, puntualiza que, al resolver la elección en Michoacán, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) argumentó que no se podía probar que las actividades del crimen estuvieran vinculadas al proceso electoral. Hay (...) una limitante de la ley en estos temas .

Recordó que el TEPJF califica cada elección con base en la legislación estatal y algunas leyes locales sí consideran la posibilidad de anular la elección por un criterio de este tipo, pero otras no. Me parece que son límites de la propia ley .

A unas horas de que venciera el plazo legal para el cambio de gobierno en Michoacán, la Sala Superior del TEPJF confirmó la validez de la elección y del otorgamiento de la constancia de mayoría al priísta Fausto Vallejo.

Por unanimidad, los magistrados respaldaron el proyecto de sentencia de Flavio Galván, que declaró infundadas las impugnaciones del PAN y su aliado en esos comicios, Nueva Alianza, así como las del PRD.

Se consideró que no existieron elementos de prueba que confirmaran que se afectó la equidad en la elección o la libertad de sufragio.

Tampoco se acreditó -indicó el Tribunal- que se haya registrado un clima de violencia generalizada que incidiera en la participación ciudadana en las urnas.

Según Galván, no hay elementos objetivos para determinar cómo la violencia pudo influir en la elección. La inseguridad ha hecho presa de todo el territorio nacional, en algunas partes con mayor intensidad.

Sin embargo, hubo elecciones en Michoacán y, comparativamente, para volver a los números, el porcentaje de ciudadanos que votó en el 2011 es el mismo que históricamente ha votado en elecciones federales y locales. Esto no significa, por supuesto, que no hubo temor y que se atrevieron a ir a las urnas y ejercer su derecho ciudadano , consideró.

María del Carmen Alanís, en tanto, consideró que no todo acto de violencia puede conducir a la nulidad del voto ciudadano y que no se acreditó que fuera un fenómeno generalizado ni su relación con los resultados de la elección.

mauricio.rubi@eleconomista.mx