A casi cuatro años de la primera masacre de San Fernando, Tamaulipas, por el hallazgo de 120 cuerpos inhumados clandestinamente después de ser acribillados 72 migrantes por el grupo criminal de Los Zetas en el mismo lugar, la Primera Sala de la SCJN aplicó la facultad de atracción para resolver un amparo ante la negativa de la PGR, que estimó reservado el caso que fue solicitado por padres de migrantes vía IFAI.

La petición la hizo el mismo ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, para que los ministros del máximo tribunal de justicia del país de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelvan si este caso se encuentra en lo que se conoce a través de la legislación internacional como de lesa humanidad, que sin duda sentaría precedentes a futuro ante una corte que se ha definido como garantista .

En la sesión los ministros resolvieron la petición de Lelo de Larrea para analizar el acceso a la información pública, contenida en averiguaciones previas, cuando se trate de escenarios de graves violaciones a derechos fundamentales , así como el interés legítimo que tienen las asociaciones civiles en este tipo actos criminales, que han generado expectación no solo nacional sino internacional.

El caso se remonta al hallazgo en el 2011 de 120 cuerpos inhumados de forma clandestina en varias fosas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, que motivó a dos ciudadanos de El Salvador, quienes presumen serían de sus familiares, a solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR)información relativa a la averiguación previa y se les reconozca el carácter de víctimas.

La petición se hizo a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), a lo que la PGR respondió que no podían tener acceso a la averiguación previa por disposición legal, al ser de carácter de reservada, que advertía que tampoco podían ser reconocidas como víctimas, por lo que los familiares recurrieron a la demanda de amparo.

Como un juzgado de Distrito dio razón a la PGR, el ministro Lelo de Larrea pidió la atracción que se confirmó para resolver si se trata de graves violaciones a derechos fundamentales y establecer, cuando una persona tiene la calidad de víctima y en qué momento se debe aceptar esa calidad para efectos, ser titular y definir si hay indicios de motivos para sustentar ilícitos de lesa humanidad.

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