Organizaciones de la Sociedad Civil (ONG) presentaron una actualización de los indicadores de Parlamento Abierto en el país, en donde —en comparación con el año anterior— hubo retrocesos en tres indicadores: información presupuestal, información sobre legisladores y accesibilidad y difusión.

El estudio divulgado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Fundar, Impacto Legislativo, Transparencia Mexicana, entre otras organizaciones más, midió “qué tan transparentes, accesibles, cercanas a las ciudadanías y productivas en la rendición de cuentas son las 34 instituciones legislativas del país”, es decir, los 31 congresos locales, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado.

De acuerdo con las organizaciones, los congresos tuvieron una calificación promedio de 44% en una escala de 0 a 100% en materia de accesibilidad y difusión, que mide qué tan accesibles y abiertas al público son las instalaciones de los congresos y las sesiones que realizan en los mismos.

En este sentido, la peor evaluación la obtuvieron las sesiones de las comisiones que se forman al interior de los órganos, con una calificación de apenas 2.9 por ciento.

A su vez, en el indicador de información presupuestal, que analiza la información que se publica sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto público, los congresos obtuvieron una calificación promedio de 17 por ciento.

En este rubro destacó que en ningún Legislativo del país es pública la información sobre el presupuesto que tienen y la forma en la que lo gastan las comisiones y comités que conforman los legisladores en las Cámaras.

En tanto que la información sobre los propios legisladores, los congresos obtuvieron en promedio una calificación de 39 por ciento. En este sector, las ONG midieron la información disponible de los congresistas, así como sus declaraciones patrimoniales o el registro de sus intereses.

En este indicador destacó también que en ningún Congreso son públicas las declaraciones patrimoniales de los cónyuges de los legisladores; en tanto que en sólo tres congresos del interior de la República las declaraciones patrimoniales de los congresistas sí son públicas.

El indicador peor evaluado, con 5% de cumplimiento, fue el de datos abiertos y no propietarios, que se refiere a la posibilidad de descargar datos históricos de manera masiva sobre las Legislaturas.

En contraparte, el indicador mejor evaluado por las organizaciones civiles, con una calificación de 96%, fue el del derecho a la información que mide si las Legislaturas tienen oficinas de transparencia, que puedan recibir solicitudes de información por parte de los ciudadanos.

Como recomendaciones para mejorar los indicadores, las ONG plantearon que se deben transparentar los informes trimestrales del presupuesto, además de utilizar las tecnologías de la información para incrementar la interacción con la ciudadanía, entre otros rubros más.