A pesar de que el 2017 fue uno de los años más mortíferos, México parece que continuará empleando la “controvertida y contraproducente estrategia” que lo lleva a depender cada vez más de la militarización en la lucha contra los grupos del crimen organizado que operan en el país, opinó Parker Asmann de la Fundación Insight Crime.

En un artículo publicado en el sitio especializado en crimen organizado en el continente americano, el autor del texto retoma cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las cuales reportan 25,339 homicidios dolosos en el 2017, equivalentes a una tasa de 20.5 ilícitos por cada 100,000 habitantes.

Ello, prosiguió el especialista, representa un incremento de 23% sobre los 20,547 homicidios dolosos registrados en el 2016.

Esa cifra representa el conteo nacional de homicidios más alto desde que empezó a llevarse un registro en 1997.

Al revisar los números de los reportes de Incidencia Delictiva del Secretariado, se aprecia que el total de homicidios en el 2016 —dolosos y culposos— fue de 35,799, mientras que en el 2017 la cifra aumentó a 41,217 delitos.

De los asesinatos dolosos cometidos el año pasado, 16,898 se realizaron con armas de fuego; 2,874, con armas blancas; 5,088 casos se especificaron como otros y de 479 no hay datos.

En tanto, de los 15,878 homicidios culposos que se reportaron en el 2017, 159 fueron llevados a cabo con arma de fuego; 29, con arma blanca; 14,728 se registraron como “otros” y de 962 no se tienen datos.

El analista de la Fundación Insight Crime expone que las estadísticas ponen de manifiesto la persistencia de los problemas en torno a las estrategias usadas para combatir a los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, indicó, continúa la dependencia hacia las fuerzas militares para hacerle frente al problema.

Recordó que en diciembre del 2017, el Senado de la República aprobó la Ley de Seguridad Interior, “que consolida efectivamente la participación del Ejército en la lucha contra los grupos del crimen organizado y convierte en ley la facultad de las fuerzas armadas de intervenir en asuntos de seguridad interna, aunque durante años se ha vinculado a las fuerzas armadas mexicanas a abusos contra los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales”.

No obstante, observó Asmann, parece estar tomando fuerza la idea de buscar otra estrategia para combatir el crimen y la violencia, porque organizaciones de la sociedad civil y senadores de la oposición han presentado una serie de recursos legales contra esa ley, argumentando que es inconstitucional.

Además, señaló el analista de Insight Crime, Alfonso Durazo, consejero de seguridad del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo a la búsqueda de nuevas formas de acabar la violencia en México, incluyendo la idea de conceder amnistía condicional a los jefes de los cárteles.

EL DATO

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Pardo, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores, el Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad Interior.

En el acuerdo de admisión, el ministro instructor ordenó notificar al poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe en un plazo de 15 días hábiles posteriores al siguiente en que surta efecto la notificación.

Con el fin de integrar el expediente, se requirió al Congreso, por conducto de las cámaras de Diputados y Senadores, que al rendir su informe envíen a la Corte copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma.

El ministro Pardo ya había admitido la controversia presentada por el municipio de Cholula, Puebla. (Notimex)