La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, legalidad y al interés superior de la niñez, en agravio de personas solicitantes de refugio.

La recomendación de la CNDH documenta que entre el 2017 y el 2018, 112 personas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comar y la autoridad tardó ocho meses en determinar si las peticiones eran admitidas y en algunos casos los procesos fueron suspendidos sin ser notificados a los solicitantes.

En la Recomendación 38/2019 dirigida al coordinador general de dicha instancia, Andrés Alfonso Ramírez Silva, el organismo nacional denunció que la Comar no cumplió con lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y que durante el tiempo que tardó en determinar la admisión de las peticiones los migrantes permanecieron sin documento alguno que acreditara su condición de solicitante de refugio.

Cabe destacar que entre los solicitantes había niñas, niños y adolescentes que viajaban con sus padres, a quienes no se les otorgó asistencia institucional, ni se priorizaron sus procedimientos.

“Este organismo nacional evidenció la omisión y dilación en realizar en forma personal las entrevistas de elegibilidad y de asistencia institucional a los solicitantes, pues la mayoría de las víctimas no ha sido entrevistada por la Comar”.

La CNDH recomendó al coordinador general de la Comar reparar los daños causados a las 112 víctimas, incluyendo atención psicológica y asesoría jurídica, y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, así como tomar las medidas pertinentes para que se reanuden los plazos y términos de todos los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado que se encuentran suspendidos con base en el Acuerdo del 30 de octubre del 2017.

También, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados, deberá efectuar el análisis sobre la inversión pública que anualmente se debe prever y que se requiere para aumentar la capacidad material y humana de la Comar.