El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, la cual contempla penas de hasta 45 años de prisión para quienes realicen, encubran o sean parte de estas redes.

En la sesión de este miércoles y por unanimidad con 102 votos se avaló la reforma que busca revertir este delito en México y se establecieron sanciones de hasta 10 años de cárcel para el matrimonio forzado o con engaños, que tenga como fin mantener en cautiverio a mujeres que son víctimas.

Asimismo la retención de los hijos de las víctimas como una forma de obligar y mantenerlas en estas redes de explotación sexual.

También se decretará la nulidad del registro civil de los hijos de las víctimas, cuando el padre sea el explotador o quien ejerce algún tipo de control con fines de trata y explotación.

La reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados establece las siguientes sanciones:

* De 10 a 25 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa a quienes consigan, capten o enganchen, entreguen, oculten o recluten a personas con el fin de explotarlas.

* De 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quienes exploten o se beneficien con prostitución ajena, pornografía, turismo sexual, o exhibición pública o privada de orden sexual.

* De 10 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quien con engaños realice servicio sexual o un acto pornográfico.

* De 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa a quienes elaboren, comercien, distribuyan, exhiban y oferten cualquier imagen u objeto de carácter sexual con origen en la explotación de una persona.

* De 15 a 30 años de prisión y de 2,000 a 60,000 días de multa a quien publicite, gestione, facilite e induzca a un menor de edad a realizar un acto sexual, y la misma pena a quien comercialice y difunda dicho material.

* De 10 a 20 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa a quien explote a una persona para trabajo forzado o en un conflicto armado.

Dichas penas aumentarán en 50%, es decir hasta 45 años de cárcel, cuando el inculpado tenga relación familiar o civil hasta el tercer grado o hasta el segundo grado por afinidad, habite en el mismo domicilio o haya tenido relación sentimental con la víctima.

La explotación de una persona para trabajo forzado o su utilización para un conflicto armado se castigará con 10 a 20 años de prisión y con 5,000 a 50,000 días de multa.

En el documento se precisa que dichos delitos serán sancionados cuando se efectúen mediante amenaza, uso de la fuerza u otra forma de coacción, engaño, seducción, y abuso de poder.

Además por aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción, por un pago o beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra persona.

También se aprobó que la Procuraduría General de la República (PGR) elabore el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de los Delitos, a fin de ofrecer cambio de identidad y reubicación a los afectados y declarantes, cuya integridad pueda estar amenazada.

Asimismo, el gobierno federal contará con una Comisión Intersecretarial que tendrá como objetivo facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones entre las dependencias y las entidades en materia de trata de personas.

En tribuna, la senadora del PAN, Adriana Dávila Fernández, dijo que la reforma dará certeza a las víctimas de ese delito, y dará también certidumbre en cuanto a las acciones y sanciones para erradicar el delito.

Angélica de la Peña Gómez, del PRD, indicó que se actualiza el catálogo de los derechos de las víctimas, para incluir los correspondientes a estos delitos y armonizar los conceptos de víctima con la nueva en la materia recién aprobada.

La senadora de Movimiento Ciudadano, Layda Sansores, criticó que en México parte del atractivo turístico no sean las playas de El Caribe, sino este nefasto negocio que explota a mujeres y niñas, casi siempre con la participación de autoridades.

Señaló que la trata es la forma moderna de esclavitud, ante lo cual México es uno de los países de Latinoamérica con el mayor índice de casos de este flagelo social.

APR