El pleno del Senado creó la ley que dará protección a los defensores de derechos humanos para evitar que sean víctimas de represalias.

Por 95 votos, los senadores aprobaron y turnaron a la Cámara de Diputados para su análisis la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que prevé que los activistas tengan acceso a protección como autos blindados, chalecos antibalas, escoltas y cámaras de vigilancia en sus viviendas.

A propuesta de Rubén Camarillo y Martha Leticia Sosa (PAN), Manlio Fabio Beltrones y Francisco Labastida (PRI), Carlos Navarrete y Leonel Godoy (PRD), la ley plantea protección con cuerpos especializados, protección de inmuebles de organizaciones, entrega de telefonía celular, radio o telefonía satelital, instalación de cámaras, cerraduras, luces u otras medidas en las viviendas, chalecos antibalas, detectores de metales y autos blindados.

Precisa que comete el delito de daño a personas defensoras de derechos humanos y periodistas el servidor público o miembro del mecanismo que de forma dolosa utilice, sustraiga, oculte, altere, destruya, transfiera, divulgue, explote o aproveche por sí o por interpósita persona la información proporcionada u obtenida por la solicitud, trámite, evaluación, implementación u operación del mecanismo y que perjudique, ponga en riesgo o cause daño a la persona defensora de derechos humanos, periodista, peticionario y beneficiario referidos en esta ley.

Este mecanismo pretende dos grupos de acciones. Una, que esperemos que sea efectivo, que nos permita prevenir esas agresiones. Si no se da el caso, entonces, que tengamos el instrumento para que ya no tengamos que lamentar hechos como el de la señora Maricela Reyes Salazar y de su familia, en Ciudad Juárez; o el del señor Nepomuceno Moreno Núñez, en Sonora; o de la señora Norma y María Luisa Andrade, en Chihuahua; o de Agnes Torres Hernández, en Puebla; o de Maximino García Catarino, en Oaxaca; o de Anabel Hernández García, en el DF; o el de la revista Luces del Siglo, en Quintana Roo; o el de Alejandro Cerezo y su familia, aquí, en el DF , dijo en tribuna el senador Rubén Camarillo.

CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

El Senado también aprobó las reformas que elevan a rango constitucional los derechos humanos, con lo que el Presidente, gobernadores y presidentes municipales estarán obligados a realizar medidas de igualación, de inclusión y acciones afirmativas para garantizar la igualdad real de oportunidades y el derecho a la no discriminación.

En el caso de jueces, se considerará una violación cuando impidan, nieguen o restrinjan el derecho a ser oídos a la defensa y la asistencia de intérpretes o traductores.

Las medidas de igualación buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas a la igualdad real de oportunidades, eliminando las barreras físicas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstaculizan el ejercicio de derechos y libertades prioritariamente a las mujeres y a los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad , puntualiza.

Se considerará discriminación toda distinción, exclusión o restricción que tenga por efecto obstaculizar, restringir, impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades o cualquier otro que ataque la dignidad humana.

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