El  principal desafío de la procuración de justicia en México está relacionado con la arquitectura institucional de instancias que hacen valer la ley, tanto a nivel federal como en  las entidades, de acuerdo con un informe de la Procuraduría General de la República (PGR), en el cual se puntualiza también que la transformación de esta institución costaría del orden de 80 millones de dólares.

En el texto “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”, entregado por el exprocurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, se incluye un diagnóstico sobre las principales carencias y desafíos del Ministerio Público Federal a propósito de los servicios que presta al usuario, bajo el Sistema Penal Acusatorio.

En el documento se exhibe que la PGR tiene capacidades limitadas de investigación, reflejadas en el reducido éxito de asuntos en los cuales no hay detenidos y en el trabajo persistente con casos donde hay flagrancia.

De acuerdo con el documento que consta de 16 páginas, la Procuraduría presenta un limitado uso de los medios y de las salidas alternas de solución de controversias, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. También padece de una desintegración en todas las capas de su organización: normas, procesos, recursos humanos, información y sistemas.

Otra de las carencias de la institución es que a lo largo de los últimos 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años, lo que a su vez ha sido negativo para el adecuado desarrollo organizacional de la PGR y la calidad de los servicios de procuración de justicia.

En el apartado “Estrategia de Transformación: Arquitectura Institucional y Administración del Cambio”, la autoridad puntualiza que desde una perspectiva de constante rotación, “el desarrollo de la PGR ha sido más el resultado de las coyunturas legislativas nacionales y del estilo de la o del titular en turno, más que de un ejercicio de desarrollo organizacional sistemático y con visión de largo plazo”.

Así, durante el último año, la PGR de Raúl Cervantes afirma haber construido las bases para realizar una transformación de manera que ésta se convierta en  una organización de excelencia bajo el sistema penal acusatorio.

Como parte de estos trabajos, la autoridad entabló relación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como primer paso, este organismo autorizó 100,000 dólares en fondos no rembolsables para desarrollar el plan maestro y el modelo financiero para la transformación de la PGR. Esta fase concluirá en diciembre del 2017.

Asimismo, el exprocurador se reunió el 17 y 18 de julio del 2017 con el equipo técnico del BID y con su presidente, Luis Alberto Moreno. A partir de dicho encuentro, los equipos de la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el mismo BID trabajan para consolidar un préstamo de inversión con Cooperación Técnica para Proyectos Específicos de cuatro años. El financiamiento solicitado es de 80 millones de dólares a ejecutarse en ese periodo.

el NUEVO MODELO

El documento entregado a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta presenta, a su vez, un resumen de las conclusiones preliminares de la Consulta sobre el Nuevo Modelo de Procuración de Justicia, que concluyó el pasado 29 de agosto y donde participaron 170 expertos, de los cuales 17 fueron extranjeros provenientes de nueve países latinoamericanos y europeos.

El trabajo adelanta que dicha Consulta Nacional arrojó un nuevo modelo de gestión que parte de consideraciones de política criminal que garantiza el buen uso de los recursos para atender los delitos que afectan más a la sociedad.

Señala que el nuevo modelo de procuración de justicia que necesita el país demanda instituciones de procuración de justicia cuya arquitectura tenga una visión sistémica.

Señala, asimismo, que las procuradurías y fiscalías del país se rigen por un mismo marco legal y, por tanto, deben mejorar sus procesos para ser más eficaces y eficientes. También es necesario que generen, utilicen y compartan información de manera eficiente.

En paralelo se concluyó que las fiscalías y procuradurías de la República Mexicana deben respetar los derechos de todos los que intervienen en los conflictos penales.

Es deber de estas instituciones tener la capacidad de generar investigaciones sólidas para poder conducir procesos exitosos, se sugiere.

Finamente, las reflexiones de esta consulta apuntan a la necesidad del diseño de un proceso de transición de mediano plazo y, sobre todo, la disposición de los recursos necesarios para ello.

El informe de las Conclusiones Preliminares de la Consulta sobre el Nuevo Modelo de Procuración de Justicia será entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Gabinete de Seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la academia y a la opinión pública en los próximos días.

Se trata de una consulta elaborada por la PGR y tres instituciones académicas: el  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, así como el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Exigen desafuero de diputada priista

La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de desafuero contra la diputada federal priista Bárbara Botello, a quien le imputa el cargo de peculado durante su gestión como alcaldesa del municipio de León, entre el 2012 y el 2015.

En conferencia de prensa luego de la presentación de esta solicitud en la Cámara, los diputados federales del PAN, Ariel Corona y Alejandra Gutiérrez, acusaron a la legisladora Bárbara Botello de firmar contratos con empresas fantasma en su gestión y hasta de contratar estilistas para su arreglo personal con recursos públicos. (Con información de Jorge Monroy)

Diagnóstico institucional

La PGR elaboró el documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema Penal Acusatorio”. Algunas conclusiones son:

  • La Arquitectura Institucional de la PGR es inadecuada e insuficiente para llevar a cabo los procesos del nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.
  • Se observa y padece de una desintegración en todas las capas de la organización de la PGR: normas, procesos, recursos humanos, información y sistemas.
  • A lo largo de los últimos 100 años, la duración promedio de los procuradores en el cargo ha sido menor a dos años.
  • Se identifica el uso escaso de los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en la ley.
  • La Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de justicia propondrá un modelo de operaciones que busca distribuir la carga de asuntos que llega a los ministerios públicos federales, privilegiando el uso de estos mecanismos alternativos.