La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), presentó a la Cámara de Senadores un paquete de propuestas de reformas estructurales en materia penal electoral, por el que sugiere incorporar nuevos tipos penales y el incremento de penas.

El proyecto contempla enmiendas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Constitución.

Héctor Díaz-Santana, titular de la Fepade, acompañado de los fiscales electorales de Hidalgo, Jalisco, CDMX, Quintana Roo y Nuevo León, entregó la propuesta a Julio Menchaca (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, quien la recibió en representación de la Junta de Coordinación Política.

Díaz-Santana explicó que en la confección de la propuesta colaboraron las fiscalías electorales locales, y que es resultado de tres foros públicos con más de 40 especialistas y representantes de organizaciones.

Los cambios propuestos incluyen la experiencia de carácter institucional que la Fepade vivió durante el pasado proceso electoral federal y para elegir gobernadores, alcaldes y legisladores locales.

Aunque existe una tipificación precisa en la ley electoral, amplió, la experiencia indica que se tienen que agregar otros tipos de conductas, que afectaron la certeza e imparcialidad en el pasado proceso comicial.

Por ejemplo, detalló, algunos aspirantes a candidatos presidenciales independientes presentaron firmas alteradas, lo que no se pudo sancionar porque no existe el tipo penal correspondiente a la acción.

Por violencia política de género también se han recibido muchas denuncias desde el 2016 y tampoco hay tipo penal, completó.

El de violencia política de género, dijo el fiscal electoral, es “uno de los grandes temas” pendientes por legislar, así como incluir sanciones para los periodos de intercampañas, que no se contemplan aún.

Detalló que hay toda una corriente de opinión que pide sanciones ejemplares, pero que se tiene que cuidar no subir las penas para todos los delitos sino hacerlo procurando proporcionalidad.

De ahí que la propuesta consista en aumentar penas aunque no en todos los delitos electorales, explicó, porque hay tipos penales que derivan de una alta vulnerabilidad social.

Y es que hay personas que por ignorancia se dejan intimidar mediante la compra del voto, o alguna otra acción ilegal, comentó, y a la hora del proceso penal no tienen ni para pagar el abogado.

“Por eso no todos los tipos penales deben ser de penas altas y debe ser proporcional la pena. Para aumentar las penas se requerirá de reformas constitucionales porque el Sistema de Justicia Penal Acusatorio solamente considera siete delitos de prisión preventiva oficiosa, y los electorales no son parte de eso”.

Más presupuesto

La Fepade demandó del nuevo Congreso la comprensión de sus necesidades, debido a que su presupuesto representa 1% del que tiene INE y el TEPJF, además que cuenta con sólo 340 personas para prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales por lo que “la necesidad de personal, infraestructura y equipo es inaplazable”.

En un informe ejecutivo que proporcionó a medios antes de entregar las propuestas al Senado, se sostiene que la Fepade necesita ser dotada de mayores capacidades para perseguir e investigar los delitos electorales federales en las 32 entidades del país.

Los requerimientos específicos son: “personal capacitado, recursos financieros, espacios físicos y tecnologías informáticas para la investigación científica.

“En suma: el presupuesto debe corresponder a los objetivos públicos que se le han encomendado para erradicar la impunidad en los delitos contra la voluntad popular; sí es un asunto de leyes, pero también de capacidad institucional para generar resultados ante la ciudadanía”.

Asimismo, se pide sancionar la falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar, y el financiamiento y gasto ilícito con recursos del extranjero.

Reformas a la Ley General

Para tipificar las siguientes conductas:

  • Violencia política por razón de género.
  • Conductas ilícitas de aspirantes independientes y candidatos.
  • Sanción a gestores o auxiliares de los aspirantes independientes.
  • Sancionar conductas típicas realizadas en intercampaña.
  • Falsificación, uso y posesión ilegal de credenciales para votar.
  • Financiamiento y gasto ilícito con recursos del extranjero y haciendo uso del sistema financiero.
  • Elevar las penas de los delitos generales e incluir calidades específicas de sujetos activos en los tipos penales ya existentes.
  • Reconocer al INE y a los Organismos Públicos Electorales Locales el carácter de ofendido.

Reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial para:

  • Autorizar la técnica de intervención de comunicaciones privadas.
  • Crear juzgados y tribunales penales especializados en materia de delitos electorales.

Reformas a la Constitución:

  • Al Artículo 19 para incorporar delitos que por su gravedad ameritan prisión preventiva oficiosa.