El e stado ha fallado en proteger a los periodistas, garantizar la libertad de expresión y sancionar a los agresores, señaló Ana Cristina Ruelas, directora para México y Centroamérica de la organización Artículo 19.

El gobierno mexicano no ha encontrado la solución a la violencia contra la prensa, al contrario, ha permitido que las condiciones para ejercer el periodismo se vulneren aún más. Su inacción deja que la impunidad prevalezca en 99.7% de los casos , dijo.

Durante la presentación Libertades en Resistencia , correspondiente al 2016, indicó que ese año ocurrieron 11 asesinatos de periodistas, lo que lo convierte en el más mortífero para el gremio, pues durante el periodo de la Guerra contra el narco, en el 2006, 2008 y 2010, la organización contabilizó 10 casos.

El 2016 fue el año más violento para la prensa. Se registraron 426 agresiones, lo que representa un aumento de 7% con relación al 2015, donde se registraron 397.

La impunidad ante la violencia contra la prensa hizo del 2016 un año histórico con cifras inéditas, un crecimiento de agresiones de 13% con respecto al 2013, primer año de gobierno de este sexenio y de 163% respecto al cuarto año de gobierno del presidente Felipe Calderón , manifestó.

De acuerdo con el documento, 53% (226) de las agresiones contra la prensa ocurridas el año pasado fueron perpetradas por funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, incluyendo dos ejecuciones extrajudiciales.

En este rubro, 56 de estas agresiones se atribuyen presuntamente a autoridades federales, 91 a estatales y 79 de nivel municipal.

Mientras que 17 casos se le atribuyen al crimen organizado, 31 a partidos políticos, 69 a un particular y en 83 casos no existen elementos para determinar el origen de la agresión.

La Ciudad de México continúa siendo la entidad con el mayor número de agresiones registradas con 71, seguida de Oaxaca con 60, Veracruz con 58, Puebla con 28 y Guerrero con 26.

En relación con el tipo de agresión, en el 2016 los ataques alcanzaron el máximo de 81, las intimidaciones con 79, las amenazas con 76 contabilizadas, 58 privaciones ilegales de la libertad y 58 actos de acoso u hostigamiento.

Ana Cristina Ruelas consideró que aunque éstas son las formas más directas de agredir, el informe da cuenta de cómo el aparato del Estado ha generado formas cada vez más abruptas para limitar los flujos de información y restringir la libertad de expresión .

Expresó que los vínculos económicos de los medios de comunicación con los recursos públicos, significan una alineación casi natural de las líneas editoriales a la postura oficial .

Sobre el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos consideró que a pesar de tener mayor inversión en capacitación para que sea implementado, existen debilidades en la consideración de los análisis de riesgo y en la puesta en marcha de las medidas de seguridad federales a nivel local.

La falta de coordinación efectiva del Mecanismo con las autoridades locales, pero más aún, con las que integran la Junta de Gobierno, la Segob, la PGR, la CNDH, la SRE y la CNS da cuenta de una falla general de la implementación, pues no habrá protección si no se ataca la impunidad , dijo.

Mientras que de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Contra la Libertad de Expresión manifestó que ha sido omisa para la apertura de investigaciones de oficio.

En su oportunidad, Catalina Botero, ex relatora especial para la Libertad de Expresión en la CIDH, expresó que la prensa en México está sometida a dos presiones: la publicidad oficial y la violencia.