La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) no ha logrado documentar dónde quedaron más de 100,000 costales de semilla de maíz, que equivalen a 127 millones de pesos, los cuales tenían que haber sido repartidos entre campesinos.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que se desarrollan investigaciones en la Sader para que explique el destino que tuvieron las semillas durante 2019.

"En esta investigación (…) se observa digamos un monto de 275,200 sacos de maíz que se compran, pero una entrega de una cantidad de 171,200 sacos entregados. Entonces hay un diferencial muy pronunciado de cuando menos el 35% del total de sacos comprados que debe obviamente aclararse.

"Si no se aclara dónde quedó este diferencial de los sacos comprados y entregados, evidentemente estaríamos hablando de un daño al erario por más de 127 millones de pesos.

"Lo cual, obviamente, además del monto financiero específico, es una cuestión que implica una inmoralidad muy grande, porque son semillas que necesitaban los campesinos de nuestro país. Pero seguimos en el análisis de qué está pasando con ese diferencial", indicó Sandoval Ballesteros.

Además, en conferencia de prensa en el antiguo salón de la tesorería de Palacio Nacional, reveló que la dependencia encargada de la agricultura en el país a nivel federal también es investigada por la compra de las semillas con posibles sobrecostos.

"También se detectó que se otorgó un contrato que no necesariamente refleja las mejores condiciones de compra para el Estado como nos exige la Constitución; y esta empresa a la cual se le asigna el contrato fue responsable de entregar el 70% de las semillas certificadas y el 30% de semillas declaradas", explicó.

La funcionaria puntualizó que la diferencia entre declaradas y certificadas no significa que unas son de buena calidad y otras de mala calidad, sino una valoración del proceso de certificación.

Las semillas declaradas son aquellas por las cuales responde el proveedor, es decir están en camino a la certificación y quien responde por su calidad es el proveedor; y las semillas certificadas son las que responde por su calidad una institución dependiente de la Sader.

Sandoval aseguró que personal de la SFP mantienen visitas a los beneficiarios de los programas para que presenten denuncias, pues hasta el momento no hay alguna formal ante la Fiscalía General de la República, pero continúan las indagatorias y establecerán un trabajo en conjunto con el titular de la Sader, Víctor Villalobos.

"Queremos coordinarnos de forma directa tanto con el secretario de Agricultura, de Sader, el ingeniero Villalobos, como con su área jurídica de la Sader para, en conjunto, coadyuvar con ellos, para que ellos formulen las acciones legales correspondientes de lo que nosotros vayamos encontrando", afirmó.