A casi cinco años de los hechos en Iguala, padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador agilizar las investigaciones que lleven a conocer su paradero.

El mandatario se comprometió con ellos a revisar cada dos meses los avances del caso, a gestionarles una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y promover que el Ejército proporcione información sobre la actuación de sus elementos los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

En Palacio Nacional, López Obrador recibió a los padres y madres de los 43 normalistas y sus representantes legales.

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que en la reunión el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expuso los avances de las investigaciones, búsquedas y los 10 operativos que se han hecho en Iguala. Luego los padres expresaron sus exigencias y posteriormente López Obrador hizo una exposición y dialogó con los padres y madres.

“Estamos a 10 meses de su gobierno y tampoco se ven avances concretos. No tenemos indicios del paradero. No sin reconocer los esfuerzos de la comisión presidencial que encabeza Alejandro Encinas. Sin embargo, sí se reiteró desesperación, tristeza y dolor del tiempo que se lleva en el propio gobierno sin que haya mucha claridad”, dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, en conferencia de prensa posterior al encuentro con López Obrador.

“No se ve compromiso de algunas instituciones del Estado mexicano que camine al parejo de la comisión especial para la verdad y la justicia, concretamente la Fiscalía General de la República (FGR). La FGR no ha recompuesto las investigaciones, lo que está permitiendo la liberación de personas detenidas”, añadió.

El abogado reveló que ante esta demanda, el presidente “reconoció que no se ha avanzado al tiempo en el que estamos”.

Rosales Sierra dijo que “el otro reclamo que se hizo al presidente es el poco compromiso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se han sostenido dos reuniones con ellos, se visitó el 27 Batallón de Iguala, se hicieron varias preguntas al Ejército relacionadas con su responsabilidad el 26 y 27 de septiembre, con posibles vínculos que puedan tener ellos con el grupo que operaba en Iguala, y eso no se ha respondido de forma sustancial”.

En su cuenta de Twitter, López Obrador expuso que en el encuentro reafirmó su compromiso “de encontrarlos lo más pronto posible. Estamos aplicándonos a fondo. Es un asunto entrañable, de justicia y humanismo”.

El abogado Vidulfo Rosales dijo que el mandatario hizo tres acuerdos. Uno, sostener un encuentro cada dos meses con participación de integrantes de su gabinete, a fin de que “se vaya vigilando cómo va la investigación y se vayan corrigiendo errores, y que los padres de familia puedan ir señalando cuáles son las instituciones que están obstaculizando, e ir corrigiendo”.

El segundo, gestionar una reunión con el fiscal Alejandro Gertz, y establecer un diálogo con el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “para que provea y disponga de toda la información que tenga el Ejército de los hechos acontecidos en Iguala”.

La señora Hilda Legideño, madre del normalista desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, demandó que la FGR investigue y sancione, de encontrar responsabilidades por manipulación de pruebas, al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, e incluso al exprocurador Jesús Murillo Karam.

El señor Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel, recriminó que la FGR no haya judicializado —hasta llegar a sentencia— contra los policías detenidos de Iguala, Huitzuco y Cocula, los principales responsables de la desaparición de los estudiantes.

Santiago Aguirre expuso que en la reunión también se solicitó al presidente López Obrador que se robustezca la presencia de expertos internacionales, y destacó que el regreso de cuatro de los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dependerá del gobierno.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, dijo que el primer mandatario ya aceptó la restitución del GIEI: “Lo pidieron los padres y ahora ya están tres de la comisión que ya había estado investigando, pero por razones que se están resolviendo dos de ellos ya fueron contratados en sus respectivos gobiernos, uno en Colombia y otro en Costa Rica. Pero aún así el Presidente dijo: ‘traigámoslos y que se vuelva a firmar íntegramente la comisión’”.