La organización Mexicanos Primero consideró que la reforma educativa, aprobada el pasado 15 de mayo, representa una oportunidad para mejorar la calidad educativa en el país y con ello garantizar el derecho al aprendizaje de niñas niños y adolescentes; sin embargo, señaló que el desafío está en tomar las decisiones necesarias para implementar acciones adecuadas.

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, expuso que la nueva política debe dar certidumbre a los procesos de diseño, aplicación y uso de las evaluaciones para dar seguimiento a la trayectoria de cada estudiante.

“El Sistema Educativo Nacional no requiere de ocurrencias, no de un programita por aquí y de una prueba por allá, sino de una sólida y clara política de evaluación.

“La reforma tiene que mostrar que cuando se implementa hay un avance objetivo y dicho avance debe ser un progresar en los derechos, nunca retroceder. Una reforma que sólo hace postulados es una bonita declaración de principios que no se cumple y entonces decepciona”, consideró David Calderón.

En el marco de la aplicación de la Prueba PLANEA 2019, la directora general de Mexicanos Primero, Jennifer O’Donoghue, detalló que 1.2 millones de jóvenes de tercero de secundaria participarán en ella, pero, dijo, hasta el momento no se cuentan con evaluaciones de los conocimientos de esta generación, ya que en el 2016 la prueba no pudo ser aplicada.

“La aplicación de PLANEA representa la primera oportunidad, en seis años, de contar con información sobre el aprendizaje de las niñas y niños, más allá de la evaluación que hace la propia escuela. En México seguimos pensando en términos simplemente de una prueba, una muestra, una aplicación o una administración política”, aseveró.

Indicó que la falta de una política educativa transparente y transexenal, que entienda las evaluaciones como una experiencia de aprendizaje e impulso para el ajuste en sus prácticas en la escuela, ha sido uno de los principales retos que México ha enfrentado para garantizar el derecho a aprender.

En ese sentido, el director de investigación Javier Rojas consideró que la creación de una política de evaluación brinda oportunidades de cambio a las niñas, niños y jóvenes, así como a los docentes y padres de familia para identificar áreas de oportunidad.

Finalmente, ratificó que la nueva política educativa debe contar con un marco normativo sólido que brinde claridad y certeza, recursos suficientes que permitan una implementación efectiva y  oportunidades para desarrollar habilidades técnicas para el diseño, interpretación y uso de las evaluaciones.