México vive una coyuntura para la transformación del Poder Judicial desde abajo y desde dentro. Sin embargo, esta autorreforma no podría materializarse de manera autónoma, porque probablemente requiera la coadyuvancia de los otros dos poderes, planteó el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.

El reconocido académico explicó que es necesario que se corresponsabilicen en esa transformación los tres poderes de la unión.

Sin embargo, destacó que quien debe llevar mano debe ser el Judicial. “Él debe hacer el diagnóstico y la propuesta, y los otros dos poderes deben ser actores que coadyuven en esa reforma”, dijo.

Lo que no debemos permitir es que se imponga la reforma desde fuera, afirmó.

No podemos aceptar que en esta coyuntura ocurra una reforma desde arriba y desde fuera, es decir, que provenga desde el Ejecutivo, con su mayoría legislativa, sin tomar en cuenta al propio Poder Judicial, mencionó.

El académico detalló que un escenario como éste no es imposible, porque en los últimos meses en el país ya hemos visto algunas iniciativas que apuntan en esa en esa dirección.

Problemas a sortear

Salazar Ugarte llamó la atención en que una iniciativa de esta naturaleza enfrenta diversas dificultades. La primera es el tiempo.

En ese sentido, comentó que ya pasó casi una octava parte del mandato de cuatro años del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, quien se ha manifestado con la intención de hacer cambios en el Poder Judicial.

Expuso que en la administración pública no es lo mismo el tiempo uno, el de la llegada; el tiempo dos, del asentamiento del poder; el tiempo tres, el de ejecución de lo que se puede implementar, y el tiempo cuatro, que es cuando estás de salida.

Una segunda adversidad expuesta por el académico es la que representarán las inercias y resistencias desde dentro que habrá que remontar. “El Poder Judicial es una gran corporación con una multiplicidad de actores poderosos desde dentro y con una multiplicidad de intereses anquilosados en el interior que no va a ser fácil mover”, afirmó.

En su opinión, eso quiere decir que hay inercias dentro del Poder Judicial que se traducen en resistencias de actores que pretenden que las cosas no cambien porque su posición de poder, de influencia y capacidad de control depende de un arreglo de cosas que es el existente.

También identificó como dificultades las amenazas desde fuera, por ejemplo, las resistencias y amenazas políticas.

En ese sentido, se remitió a las ideas de Gerald N. Rosenberg (politólogo de la Universidad de Chicago) que explica cuáles son las cosas que los poderes Ejecutivo y Legislativo hacen para controlar a los poderes judiciales: usar el poder confirmatorio del Senado para nominar un tipo particular de ministros; reformar la Constitución para contrarrestar decisiones de los ministros o para alterar la estructura de la Corte o de sus procedimientos; juicio político; quitar jurisdicción a la Corte sobre algunos temas; cambiar los procedimientos de selección o remoción de los ministros; requerir mayorías extraordinarias para la declaración de inconstitucionalidad, o permitir que las decisiones puedan ser apeladas ante un tribunal más representativo.

Otras resistencias son las que combinan las acciones de los actores internos con las de los actores externos. “Por supuesto que también hay abogadas y abogados que no quieren que las cosas cambien”, aseguró.

También disminuir el presupuesto del Poder Judicial o los salarios de los jueces o alterar el tamaño de la Corte.

“Eso está ahí en algo que se llama ambiente”, mencionó.

Ante ese panorama, sugirió identificar tiros de precisión, es decir, establecer qué sí se puede hacer y cómo se puede hacer; elegir las batallas dentro de lo que es posible determinar, ante quién van a darlas, lo que tiene que ver con identificar la prioridad en las agendas.

También, desde su perspectiva, es preciso calcular a los opositores, lo cual tiene que ver con saber quiénes van a ser los adversarios que van a oponer resistencia.

Medir la capacidad de impacto de lo que se va a llevar a cabo, blindar los cambios en contra de regresiones y, al mismo tiempo, procurar continuidad en los cambios, porque este no es un asunto de coyuntura, es un problema de estructura, y las estructuras sólo se cambian si hay una persistencia de decisiones consistentes y coherentes a lo largo de un periodo de tiempo razonable, refirió.

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