La Cámara de Senadores aprobará reformas a la Constitución para eliminar la figura del arraigo.

“La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación (...) Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder 80 días”, cita el párrafo a derogar del Artículo 16 constitucional.

El dictamen aprobado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, que será discutido y votado próximamente por el pleno cameral, refiere que en el contexto de consolidación del actual sistema procesal acusatorio resulta esencial la eliminación de la figura del arraigo para completar la armonización legislativa y constitucional con dicho sistema.

De acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU), el arraigo es una figura jurídica arbitraria e incompatible con el principio de presunción de inocencia y con el derecho a la libertad personal.

Además, la figura es intrínsecamente contraria al modelo procesal acusatorio que México ha adoptado en sustitución del sistema inquisitivo mixto, precisa el decreto de la minuta que deroga el octavo párrafo del Artículo 16 de la Constitución.

Los senadores integrantes de las comisiones dictaminadoras coincidieron con la Cámara de Diputados, que ya aprobó la enmienda constitucional, sobre la necesidad de eliminar del proceso penal las figuras que no sean compatibles con la protección de los derechos humanos y la necesidad de consolidar el sistema penal oral derivado de la reforma legal en la materia concretada en el 2008.

Diversos organismos de protección a los derechos humanos han planteado de manera abierta la necesidad de eliminar el arraigo de la Constitución, porque es por sí mismo violatorio de los derechos a la libertad personal y de tránsito, a la presunción de inocencia, al debido proceso legal y al honor y la reputación, amplía el documento.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que, durante los dos primeros años en que entró en vigor la figura del arraigo, 38% de las quejas generadas en el marco de la medida se refirieron a detención arbitraria y 41% a tratos crueles, inhumanos o degradantes”, precisa el dictamen a valoración de la Cámara.

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