A propuesta del PRD, la Cámara de Diputados analiza expedir la ley general de prevención del delito con las bases para la articulación de programas, proyectos y acciones lúdicas, recreativas, deportivas, educativas y de capacitación tendientes a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas en todo el país.

El objetivo es también instrumentar medidas para evitar los delitos mediante una política pública que privilegie los procesos encaminados al resarcimiento del tejido social, priorizando la sana convivencia y el libre esparcimiento.

La nueva ley prevé la instrumentación del plan rector, que es un documento programático para implementar acciones y estrategias institucionales que inciden en la prevención, prevaleciendo el desarrollo en actividades culturales, deportivas y de capacitación sobre todo en espacios públicos.

Prevé la creación de consejo nacional de prevención del delito, órgano encargado del diseño, implementación, evaluación y supervisión de las políticas públicas en la materia, integrado por el Presidente de la República y los secretarios de Gobernación, Educación, Salud, Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, así como por una o un Diputado federal, el Procurador General de la República y los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Centro Nacional para la Prevención y Control de las Adicciones.

Entre las funciones del referido Consejo destacan la de formular políticas públicas con carácter de permanentes y estratégicas. En caso de que más estados presenten problemas de inseguridad similares, plantea el proyecto, podrán formar consejos regionales de prevención del delito, asesorados por el Consejo Nacional para realizar diagnósticos en la materia.

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