Diputadas federales de Morena, PT, PRI y sin partido promueven armonizar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley de Amnistía para eliminar delitos que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, principalmente de mujeres que se encuentran sujetas a procesos penales o encarceladas por ejercer derechos reconocidos en instrumentos internacionales.

La iniciativa correspondiente propone despenalizar el aborto siempre que se practique dentro del plazo de tres meses.

De aprobarse el proyecto, el artículo 329 del Código Penal Federal precisará: “Aborto es la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación’’.

El artículo 330 establecerá que al que haga abortar a una mujer, sin su consentimiento, aún y cuando el aborto se realice antes de las 12 semanas de gestación, se “aplicará de tres a seis años de prisión y si mediare violencia física o moral se impondrá de seis a ocho años de prisión’’.

Al personal médico que cauce un aborto sin consentimiento de la mujer, además de las sanciones referidas se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.

La propuesta plantea también determinar que no se podrá acusar del delito de homicidio a las mujeres cuando se practiquen o hayan hecho practicar un aborto posterior a las 12 semanas de gestación.

Se impondrá de tres a seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad a la mujer que voluntariamente practique su aborto o consienta en que otra persona la haga abortar, después de las doce semanas de embarazo; el delito de aborto solo se sancionará cuando se haya consumado. A A quien haga abortar a una mujer, después del plazo establecido, con o sin su consentimiento, se aplicará la misma pena.

Cultivo de drogas

También para favorecer a las mujeres, el artículo 198 ordenaría que al que siembre, cultive o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de terceros, se le impondrá prisión de uno a seis años.

Así como que no se impondrá pena privativa de la libertad a quien se dedique como actividad principal a las labores propias del campo y cuando en la persona concurran escasa instrucción y extrema necesidad económica.

La enmienda eliminaría la criminalización de la disidencia política y el ejercicio del derecho a la protesta para proteger a las personas de posibles imputaciones penales y fabricación de delitos de las que pudiesen ser sujetas como medida de represión, sobre todo cuando se trate de una mujer jefa de familia en condiciones de pobreza, no sea reincidente y el delito no atente contra la vida de otras personas.

El paquete de cambios fue confeccionado por las morenistas María Briceño Zuloaga, Sandra González Castañeda, Lorena Villavicencio y Julieta Vences Valencia, Lucía Riojas Martínez (sin partido), las petistas Maribel Martínez Ruiz y Marta Dekker Gómez, y Mayusa González Cauich (PRI).

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