En el sistema de justicia mexicano se tiende a aplicar con mayor frecuencia la prisión preventiva en contra de mujeres que hombres, además de que una vez que son recluidas bajo dicha figura permanecen más tiempo que los hombres sin ser sentenciadas, reveló el informe Prisión Preventiva en América Latina: El Impacto Desproporcionado en Mujeres Privadas de Libertad por Delitos de Drogas.

El documento generado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Dejusticia, indicó que, con datos hasta el 2017, en centros penales federales había 4,142 mujeres encarceladas bajo prisión preventiva, número que equivalió a 53.5% del total de las mujeres privadas de la libertad, es decir, incluidas aquellas que ya tenían sentencia.

En comparación, había 60,470 hombres bajo el mecanismo de prisión preventiva, que fue equiparable a 33.8 % del total de los reclusos de sexo masculino privados de la libertad.

“En México, hay 14 estados en los cuales más de 50% de la población carcelaria de mujeres no ha recibido sentencia. Según un estudio realizado en el 2017 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi) de México, en el estado de Michoacán, 100% de las mujeres recluidas estaba en situación de prisión preventiva, lo que significa que todas ellas se encuentran tras las rejas sin haber sido sentenciadas”, destacó el informe.

En una situación similar, puntualizó el documento, se encontraban los estados de Baja California Sur, Aguascalientes y Durango, en donde alrededor de “78 % de las mujeres recluidas aún no ha sido juzgada”.

Sobre el tiempo que las personas permanecen recluidas en prisión preventiva, el estudio citó —también con información del Inegi— que 27.4% de las mujeres encarceladas bajo dicha figura espera entre uno y dos años, “mientras que sólo 24.7 % de los hombres esperan un plazo tan largo”.

El documento generado por las organizaciones civiles internacionales hace énfasis en el encarcelamiento de mujeres a causa de delitos relacionados con drogas, causal que se vuelve cada vez más frecuente debido al endurecimiento de las políticas antidrogas en los países de América Latina.

En este contexto, en México hasta el 2018 había 1,342 mujeres bajo prisión preventiva por delitos relacionados con drogas, que equivalió a 26.3% del total de las mujeres que permanecían recluidas en prisión preventiva.

Dichos números colocaron al país en la séptima posición entre 10 países de América Latina analizados en cuanto a incidencia.

En Perú, que se ubicó en el primer lugar en el rubro entre las naciones analizadas, tenía registros de 1,219 mujeres encarceladas con prisión preventiva por delitos de drogas, equivalente a 54.5% del total de las mujeres privadas de su libertad de manera preventiva.

Nicaragua se posicionó en el último lugar, con 18 mujeres, equivalente a 10.5% del total de las mujeres recluidas en prisión preventiva. “Las mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas rara vez suponen una amenaza a la sociedad”.

En México, tras la reciente reforma al artículo 19 constitucional, se prevé que se aplique prisión preventiva a quien se sospeche haya cometido “abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación.

“Uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea”.