La Organización no gubernamental Congreso Nacional Ciudadano e integrantes del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, son hasta ahora los primeros en interponer recursos contra la Ley de Seguridad Interior.

El más reciente caso fue el de la alcaldía poblana. El pasado viernes 5 de enero, Ignacio Molina, secretario general del gobierno de Cholula; Esperanza Estela Chilaca, síndica del municipio; y Juan Espinoza Torres, presidente municipal, interpusieron una controversia constitucional en contra de dicha ley, al argumentar que viola la autonomía municipal que está estipulada en la Constitución.

La Oficialía de Partes de la Corte fue la encargada de recibir la documentación presentada por las autoridades municipales, en donde también se argumenta que la Ley de Seguridad viola los derechos humanos.

Asimismo, la ONG encabezada por Gilberto Lozano ha presentado, durante la semana pasada, amparos ante los juzgados de diferentes ciudades del país.

De acuerdo con la organización, la intención es interponer amparos masivos en las 32 entidades de la República en contra de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 21 de diciembre por el Ejecutivo federal.

Los amparos, que son individuales, buscan desconocer la jurisdicción de dicha ley así como la decisión del Legislativo de aprobarla y del Ejecutivo que la promulgó.

En su página de Internet, la organización, de origen regiomontano, subió formatos con el fin de que los ciudadanos interesados llenen, para luego interponer los recursos ante el poder Judicial.

El plazo para interponer recursos ante la normativa aprobada vence el próximo 22 de enero. Diputados federales, senadores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han anunciado que también interpondrán recursos contra la norma.

En San Lázaro, el Frente Ciudadano, conformado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, reportaron la semana pasada que interpondrán un recurso ante la Corte después de que sea consensuado entre las mismas fuerzas.

Por su parte, la CNDH anunció, desde que se promulgo la ley, que buscaría interponer un recurso ante el máximo tribunal del país. No obstante, hasta el momento, el órgano garante de los derechos fundamentales no ha presentado recurso alguno sobre la normativa, a la cual ha considerado como violatoria de derechos humanos.

ven beneficio electoral

El diputado federal Manuel Espino opinó que los legisladores del PAN, PRD y MC falsearon el contenido de la Ley de Seguridad Nacional para hacer una “maledicencia política” de ella, a fin de obtener beneficios electorales.

“Las bancadas de los tres partidos que ahora están en el frente falsearon el contenido de la propuesta, con tal de ganar bonos electorales, y lo siguen utilizando en redes sociales. Eso me parece francamente irresponsable, porque el contenido de la ley es positivo; es mejor tener eso, que tener el país como está”.

El diputado Espino, quien fue promovente mediante una iniciativa para la regulación del Ejército en tareas de seguridad, dijo que “no es cierto que los militares vayan a poder hacer cateos arbitrariamente; eso es absolutamente falso”.

Espino, ex dirigente nacional del PAN, acusó a los legisladores de la llamada coalición Por México al Frente de promover “la maledicencia política con fines electorales” de la ley, sabiendo que —dijo— termina con las ocurrencias políticas del presidente de la República en turno para disponer de las Fuerzas Armadas.