Será este miércoles cuando la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discuta y apruebe el proyecto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en donde se estipula que el fiscal general podrá nombrar y remover a los fiscales especializados, como el de corrupción.

Expertos consultados indicaron, en este sentido, que para que el combate al cohecho pueda avanzar en México es necesario dotar de autonomía tanto al fiscal anticorrupción como a la nueva fiscalía, cuyo letargo en el nombramiento del titular ha provocado, a su vez, que las sanciones en materia penal por cometer un delito de concusión, aprobadas en el 2016, no entren en vigor.

Janet Oropeza, investigadora de la organización civil Fundar, precisó que si bien cuando se aprobó el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Anticorrupción en el 2014, se precisaba que era el Senado de la República la instancia encargada de nombrar al fiscal especializado, se estipuló también que a partir de noviembre del 2018, dicha atribución pasaba al fiscal general de la República que no ha sido nombrado por la falta de una ley orgánica.

Es por ello, dijo, que quien ocupe la titularidad de la nueva Fiscalía General de la República debe contar con un perfil de alta capacitación debido a las atribuciones que se le confieren, como los nombramientos de los titulares de las Fiscalías Especializadas.

Y es que, señaló Oropeza, la importancia de tener un fiscal general idóneo, que es quien nombrará al fiscal anticorrupción, radica en que en la actualidad “aproximadamente 95% de los delitos relacionados con hechos de corrupción no se investigan por la PGR (Procuraduría General de la República que se transformará en fiscalía general)”.

De acuerdo con el proyecto de ley orgánica de la Fiscalía, que fue aprobado con anterioridad en la Cámara Baja, el fiscal general podrá “nombrar y remover a las personas titulares de las fiscalías especializadas, en los términos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las y los demás fiscales que considere pertinente, así como otras personas servidoras públicas adscritas a la Fiscalía”, se indica en el artículo 19 fracción VIII del proyecto de ley.

El único facultado para poder objetar la remoción o el nombramiento de los fiscales es el Senado de la República que, de acuerdo con la fracción VI del Artículo 102 de la Constitución, podrá desestimar la asignación del nuevo personal cuando dos terceras partes de los legisladores presentes en la sesión se pronuncien en el mismo sentido.

Por su parte, el especialista en temas de corrupción por la UNAM, Salvador Mora, indicó que a la Fiscalía Anticorrupción se le debe de dotar autonomía incluso ante la misma Fiscalía General.

“En este sentido, guardar una independencia de la Fiscalía es el primer camino y sería un buen signo de sensibilidad del nuevo gobierno ante la necesidad de acabar con lo que él (el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador) menciona como el tema central de campaña y hoy de gobierno: la corrupción misma”, acotó.

Asimismo, Mora indicó que para acabar con la corrupción en la administración pública los esfuerzos deben centrarse en fortalecer a todas las instituciones.