En los últimos 15 años un enfoque de seguridad nacional se ha consolidado gradualmente en la política migratoria en México, lo que limita las posibilidades de estas personas de salvaguardar su vida al negarles el derecho a recibir protección internacional, exhibe el más reciente informe de la organización no gubernamental, Sin Fronteras.

Al presentar este reporte, el consultor jurídico de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García, observa que en México existe una aplicación generalizada, mecánica y automática de la privación de la libertad de las personas migrantes en situación irregular.

Lo anterior, detalla, responde a la adopción de un enfoque orientado a la criminalización de la migración así como la percepción de que este fenómeno es una amenaza a la seguridad nacional.

Advirtió que en un contexto incierto sobre las políticas migratorias que se implementarán en Estados Unidos durante la administración de Donald Trump; es necesario que México ofrezca una respuesta de cara a una probable presión en la materia desde el país vecino.

Joselin Barja, autora del reporte Detención son Excepción y miembro de Sin Fronteras, detalló que el trabajo recoge 15 años de monitoreo de 26 de las 58 estaciones migratorias del país. Tras evaluar los retos, la pesquisa concluye en que la política migratoria en el país se basa en la posterior deportación de personas migrantes lo que contraviene lo dispuesto en la Constitución Mexicana.

Además de que muchos de los migrantes huyen de su país de origen debido a situaciones que ponen su vida en peligro. Por lo que deportarlas sin una revisión de su caso. Pone en riesgo, principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), del 2000 al 2015 se han detenido en el país a 2 millones 126, 666 migrantes, de los cuales 1 millón 659, 105 han terminado en deportaciones. En el año 2015 tras la puesta en marcha del Plan Frontera Sur se muestra cómo el año en que hubo mayor número de detenciones con 190,366 casos, de los cuales, 82% se tradujo en repatriaciones.

Ante este panorama, entre las principales recomendaciones y propuestas emitidas se encuentra el impulso de distintos ejercicios de monitoreo que puedan dar cuenta del trato durante los arrestos y los centros de detención, el estado de salud mental de las personas en detención, tanto de niños como adolescentes.

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