Con motivo deI Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), reconocieron que los discursos de condena hacia todo tipo de agresión a la mujer, no sirven si no van acompañados de acciones preventivas.

Durante un foro en la sede de la SCJN, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, dijo que la igualdad de la mujer, garantizar sus derechos humanos, y vivir una vida libre de violencia, “es una meta que cada día parece alejarse más”.

Resaltó que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia, y en México la situación es más grave, al ser dos de cada tres.   

Ello nos impone impulsar un cambio social, un cambio cultural para que la sociedad deje de tolerar esta violencia, deje de minimizarla, deje de normalizarla. La violencia -que se oiga fuerte y claro- no es tolerable, no es un fenómeno que sólo afecta a las mujeres, ni es un hecho que podamos normalizar, atenta contra la dignidad de mujeres y niñas. Ya no es más un asunto que se reduzca al ámbito privado, es un fenómeno que erosiona el tejido social”, afirmó.

Destacó que las acciones de prevención involucran a los tres Poderes, a las legislaciones y sanciones, así como a políticas de prevención desde la educación sobre la dignidad y el respecto a la diversidad.

Durante el foro se informó que 11 mujeres son asesinadas al día, y de enero a septiembre se reportaron más de 215,000 llamadas de emergencia al 911 por violencia contra la mujer y 523,000 llamadas de emergencia por violencia familiar.

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que la violencia contra la mujer tiene su peor representación en el acoso y el feminicidio, pero existen otras formas, como quitarles valor en casa por el hecho de ser mujer; hacer chistes o bromas sexistas; las miradas lesivas o la descalificación de su palabra.

No podemos seguir permitiendo un país donde nuestras niñas y mujeres son violentadas todos los días impunemente. Debemos generar políticas públicas que prevengan esta situación, también debemos ejercer acciones que terminen con la impunidad”, apuntó.

Zaldívar reconoció que discursos de funcionarios sin acciones sólo son momentos de emotividad, y resaltó que el Poder Judicial de la Federación hay una política de cero tolerancia al acoso, situación que era una rutina.

La magistrada Mónica Soto hizo una relatoría de las acciones que ha realizado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para proteger los derechos político electorales de las mujeres, y contra la violencia política. Resaltó la sentencia histórica en que el Tribunal anuló la elección en Tlaquepaque, Jalisco, por violencia contra de la entonces candidata a la presidencia municipal de Iliatenco, Guerrero, Ruperta Nicolás Hilario, de Movimiento Ciudadano (MC).

Violencia política contra las mujeres

En tanto, en otro espacio, durante el conversatorio “¿Cómo mejorar la medida Tr3s de Tr3s contra la violencia? Desafíos para los próximos procesos electorales”, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reconoció que hay mucho camino por andar todavía para erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el ámbito de la política.

Enfatizó que combatir la violencia política contra las mujeres “no es un asunto sólo de mujeres, eso nos lo ha enseñado largos años de luchas en las que hay un compromiso de muchos que estamos convencidos de avanzar no sólo en la agenda de género, sino en la agenda de la erradicación de la violencia política, incluida aquí la violencia política de género como una de las condiciones de fortalecimiento en nuestro sistema democrático”.

Abundó que el INE hizo todo lo posible por instrumentar la Tres de Tres Contra la Violencia en el pasado proceso electoral federal y sólo fue posible llevar a cabo una revisión muestral para su cumplimiento en 1,177 personas candidatas, y se concluyó que únicamente tres contaban con elementos suficientes para acreditar que incumplieron con los supuestos, pero por resolución jurisdiccional esas candidaturas fueron restituidas.

Señaló tres factores que impidieron que la Tres de Tres tuviera éxito en el pasado proceso electoral:  que se adoptó iniciado el proceso electoral;  en segundo lugar, al ser una medida novedosa no se contaban con las bases jurídicas o normativas que facilitaran solicitar información a otras instituciones del Estado sobre personas que hubieran sido sentenciadas por agresión sexual, violación, violencia familiar o bien, aquellas personas que fueran deudoras alimentarias morosas y como no había la obligación legal de homologar registros con personas sentenciadas por dichos delitos y faltas y, finalmente, que no existían bases de datos confiables que permitieran que el INE las tomara como referencia para negar o cancelar el registro de alguna candidatura.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en el INE, Norma De la Cruz Magaña, sostuvo que la violencia no es el costo que las mujeres deben de pagar para participar en el espacio público.

Recordó que el 28 de octubre del 2020 el INE aprobó el acuerdo donde se emitieron los Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, que en su artículo 32 estableció la medida Tres de Tres Contra la Violencia.

Por su parte, la consejera Dania Ravel Cuevas consideró como “oportuno y urgente” revisar el impacto y el efecto que han tenido las medidas institucionales implementadas para prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

kg