El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a hacer pública toda la información disponible en relación con el operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo la que se hubiera generado en las instancias estadounidenses y remitido a las autoridades mexicanas.

De última hora, el acuerdo unánime promovido por Aleida Alavez (PRD), incluyó solicitar también al Ejecutivo federal que determine la responsabilidad de los titulares de la PGR, la SRE, las secretarías de Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Gobernación, así como del gobierno estadounidense y proceder a la reparación de daños a las víctimas de las masacres en que se usaron armas provenientes del referido operativo fallido.

En su turno a la tribuna, la priísta Lourdes Quiñones Canales criticó que las autoridades de la SRE sean omisas sobre el trasiego de armas, a pesar de que se ha reconocido que tales armas han sido identificadas en diversos actos de violencia perpetrados por el crimen organizado tanto en México como en Centroamérica.

Lo anterior no es un caso aislado porque también ha sido muy lamentable que sucesos como los recientes, ocurridos en Tres Marías y en general la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, carezcan en ocasiones de la debida justificación jurídica que norme la naturaleza, alcances y propósitos específicos de la cooperación bilateral en este caso con Estados Unidos , completó.

Por otra parte, la diputada Adriana González Carrillo (PAN) informó que en la PGR hay avances en el tema puesto, que existen órdenes de aprehensión por el delito de introducción ilegal de armas a México.

Existe también en la PGR averiguación previa por la que se investigue el vínculo de las armas del operativo Rápido y Furioso en el asesinato de los jóvenes en Villa de Salvárcar, Ciudad Juárez, Chihuahua .

Y refutó los dichos de la perredista Alavez, en el sentido de que el gobierno mexicano ha sido omiso en el tema, al tiempo que le entregó el informe que en septiembre pasado hizo público el Departamento de Justicia. Nosotros no vamos a permitir que se diga que hay opacidad, que hay encubrimiento o que hay un silencio cómplice , precisó.

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