A una década de la desaparición y asesinato de 72 migrantes en el ejido de El Huizachal, municipio de San Fernando, Tamaulipas, el caso se mantiene impune, con 15 detenidos sin sentencias, nueve cuerpos sin identificar y la incertidumbre de familiares sobre confusiones en la entrega de los cuerpos de las víctimas.

Familiares de las víctimas e instituciones defensoras de derechos humanos internacionales exigieron al Estado mexicano cumplir con la responsabilidad de facilitar el acceso a las investigaciones, la exhumación de cuerpos, y mantener abiertas las indagatorias.

“A 10 años de este terrible hecho, 72 familias siguen esperando conocer la verdad, 72 familias se siguen preguntando ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién o quiénes lo hicieron? A 10 años todavía hay nueve víctimas sin identificar. A 10 años aún hay familias que no tienen certeza que fue su familiar el que recibieron. A 10 años, 72 familias siguen luchando por una justicia que no llega”, indicaron en un comunicado.

Por su parte, las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Honduras y la Oficina Regional para América Central y República Dominicana instaron a las autoridades de El Salvador, Honduras y México a intensificar los esfuerzos para la investigación de los hechos, con la cooperación y participación de los familiares de las víctimas.

“Este caso evidenció la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra la población migrante en su tránsito por los países de la región y las graves violaciones de derechos humanos a las que con frecuencia se enfrenta. Hechos similares se repitieron en San Fernando en 2011 y en Cadereyta, Nuevo León, México, en 2012”, recordaron los organismos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recordó que por el caso se solicitó información a la Fiscalía General de la República, que reportó que desde febrero pasado opera un equipo de investigación para el caso, integrado por autoridades y consultores privados avalados por las víctimas.

A su vez, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos expresó que el caso ha reflejado la incapacidad del gobierno mexicano para abordar y prevenir esos abusos a migrantes.

maritza.perez@eleconomista.mx