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PJF dejó de ver a los poderes judiciales de los estados, admite Sánchez Cordero
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que el sistema de justicia penal vigente se debe afinar como la maquinaria de un reloj, que se ajusta para que cumplan con los requisitos constitucionales y logre hacer la justicia.
Foto EE: Twitter @M_OlgaSCordero
La secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) dejó de ver a sus homólogos en los estados.
La funcionaria federal reconoció que persisten “vicios” en las Fiscalías estatales por privilegiar asuntos mercantiles y laborales, en lugar de resolver delitos de alto impacto como el secuestro, extorsión, homicidios y feminicidios.
Sánchez Cordero encabezó este miércoles 7 de octubre la instalación de la Mesa de Justicia del estado de Sonora, acompañada de la gobernadora de esa entidad, Claudia Pavlovich Arellano, y de manera virtual, autoridades del gobierno estatal, el Congreso local y el Poder Judicial en dicho estado.
En su participación, Sánchez Cordero dijo tener tatuada la camiseta de Ministra de la Corte, aunque reconoció que el Poder Judicial Federal ha dejado solos a los Poderes Judiciales Locales.
Y ofreció a los gobiernos de los estados todo el respaldo de la Unidad para el Fortalecimiento del Sistema de Justicia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para la consolidación de dicho sistema.
“Estamos en esta unidad, de verdad, para el fortalecimiento del sistema, a sus ordenes para caminar con ustedes, en lo que se les ofrezca. Yo por mi camiseta anterior, y que ya la traigo tatuada como ministra de la Corte, lo que más me importa es consolidar a los tribunales y a las fiscalías, y a las defensorías en México y este quisiera que fuera uno de los legados de la Secretaría de Gobernación: el fortalecimiento del sistema penal en todas las entidades federativas, porque lamentablemente el Poder Judicial Federal no voltea a ver a los Poderes Judiciales Locales, no tiene esa comunicación fluida que debería de tener, no le da el peso específico a las justicias locales que debe de tener, y ahí es donde se atienden las demandas de forma inmediata, en los estados, es una justicia a veces de barandilla a la cual acuden los ciudadanos a solicitar justicia”, planteó.
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) consideró que el sistema de justicia penal vigente se debe afinar como la maquinaria de un reloj, que se ajusta para que cumplan con los requisitos constitucionales y logre hacer la justicia.
Sánchez Cordero reconoció que también persiste “malas prácticas” en las Fiscalías y Procuradurías estatales.
“En muchas ocasiones se atienden prácticamente, o se judicializan asuntos estrictamente mercantiles que no deberían de estar en las fiscalías y que obviamente tienen al alcance de la policía y de los fiscales, y al judicializarlos penalmente (a empresas o acreedores) los obligan a prácticamente con la amenaza de privarlos de su libertad, de que paguen asuntos estrictamente comerciales y mercantiles.
“Otra situación que también he detectado en diversos estados es que la justicia familiar también se lleva a la justicia penal: que si la custodia y la patria potestad se lleva a la justicia penal para obligar a algunos de los padres a ceder en el número de visitas, la custodia compartida, o en fin, y que no debería de estar en la justicia penal.
“Cuántas veces también la justicia laboral se lleva a lo penal para obligar al empresario a darle las indemnizaciones al trabajador, o bien al trabajador obligarlo penalmente a que no reclamen los derechos al patrón. Todos estos son vicios que tenemos.
“Por eso es que yo le apuesto mucho a los medios alternativos de solución de controversias, ya que se deberían de dedicar precisamente las fiscalías en el sistema penal a los verdaderos delitos de alto impacto que realmente son los que están agraviando a la sociedad, como el secuestro, la extorsión, los homicidios, los feminicidios, esos sí son delitos de alto impacto que la población requiere de solución de forma inmediata. Entonces se están atendiendo asuntos mercantiles judicializados penalmente y por otra parte se dejan de atender asuntos verdaderamente importantes”, criticó.
La encargada de la política interna del país resaltó que la implementación del sistema de justicia penal es condición indispensable para la promoción de los derechos humanos de las personas que están sujetas a un proceso penal, sin olvidar los derechos humanos de las víctimas de delitos, “porque aquí es una balanza entre el respeto de los derechos”, sostuvo.
Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que Sonora fue el último estado del país en implementar el nuevo sistema de justicia, aunque destacó que a la fecha ya se emparejó a nivel del resto de las entidades federativas.
kg
