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Ordenan divulgar contratos de energía
El Ejecutivo argumentó que la difusión de los precios de los contratos ponen en riesgo la seguridad nacional.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por la que ordenó al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) proporcionar los precios de los contratos que celebró durante el 2022 bajo el Protocolo de Emergencia para la adquisición de potencia en el Sistema Eléctrico de Baja California.
Al resolver el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal contra la resolución de 1 de marzo de 2023, emitida por el ente autónomo en el recurso de revisión RRA 20689/22, bajo la ponencia de Loretta Ortiz Ahlf, ocho ministros votaron en contra del proyecto que propuso revocar la resolución por lo que ésta fue confirmada.
Yasmín Esquivel, Lenia Batres y la propia Ortiz Ahlf votaron a favor de la revocación, mientras que la presidenta Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González, Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Margarita Ríos, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán se opusieron.
El proyecto de Ortiz Ahlf consideró fundados los argumentos del Ejecutivo federal de que la difusión de los precios de los contratos pone en riesgo la seguridad nacional al obstaculizar la concreción de futuros protocolos correctivos en el Sistema Eléctrico de Baja California.
Desde la óptica de Juan Luis González, el argumento sustentado en el proyecto para concluir que la publicidad de los precios de los contratos pone en riesgo la confiabilidad del sistema eléctrico y que, por lo tanto, se pone en riesgo la seguridad nacional, se basa en una premisa inexacta.
Calica
En el mismo sentido que lo hizo el pasado martes al resolver un recurso de revisión sobre el mismo caso, la Corte confirmó también la resolución del Inai del 30 de noviembre de 2022 por la que ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) proporcionar copia del escrito presentado ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la denuncia presentada por el desastre ambiental relacionado con la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica), subsidiaria de la minera estadounidense Vulcan Materials Company.
