El primer semestre del 2014, principalmente, será clave para que el gobierno federal y el Congreso de la Unión saquen las reformas secundarias que derivan de las últimas modificaciones a la Constitución.

Si bien la administración del priísta Enrique Peña Nieto reconoce como prioritarias las reformas en materia de telecomunicaciones y de energía, también deberá negociar leyes secundarias en el terreno de la transparencia y el acceso a la información, así como en el ámbito político-electoral.

Para ello tendrán como escenario el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que se celebrará del 1 de febrero al 30 de abril del 2014. Un plazo que ya se venció para aprobar sus reformas secundarias es el referente a la reforma en telecomunicaciones.

Publicada el 11 de junio del 2013 en el Diario Oficial de la Federación, para su entrada en vigor al día siguiente, los cambios constitucionales en telecomunicaciones incluyeron un artículo transitorio para estipular que el Congreso realizaría las adecuaciones necesarias al marco jurídico dentro de los 180 días naturales siguientes, lo cual venció en diciembre del 2013.

Sin embargo, no se aplican mecanismos que obliguen a los legisladores federales a cumplir con artículos transitorios y con los plazos determinados por ellos mismos.

El 21 de diciembre del 2013 entró en vigor la reforma energética constitucional. Su artículo cuarto transitorio estableció que en 120 días naturales (a más tardar a finales de abril) el Poder Legislativo deberá concretar las modificaciones secundarias, para, entre otras cuestiones, regular las modalidades de contratación -de servicios, utilidad o producción compartida, así como licencia-, para actividades de exploración y extracción del petróleo.

El 13 de diciembre del 2013, el Senado envió a los congresos estatales la reforma constitucional en el terreno político-electoral y que contempla que a más tardar el 30 de abril del 2014 se expedirán las leyes secundarias sobre delitos electorales y aquellas que distribuyan competencias entre la Federación y los estados en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales.

Otro proyecto que deberá negociar Peña Nieto ante el Congreso es la reforma de transparencia, que sólo espera la declaratoria de constitucionalidad de la Comisión Permanente y su promulgación por parte del Ejecutivo, después de ser avalada por los Congresos estatales.

Ésta contempla que una vez promulgada, en un año los legisladores deberán expedir una Ley General del Artículo 6 de la Constitución, así como reformas a la Ley Federal de Transparencia, de Datos Personales, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

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