Durante el proceso electoral 2020-2021, la violencia política contra la mujer en razón de género se mantuvo como un obstáculo para la participación efectiva de las mujeres en la vida política, siendo la nula capacitación de los partidos políticos sobre el tema, uno de los principales problemas para sancionar esta violencia, señaló el estudio sobre delitos electorales Violencia Política en el contexto de pandemia y crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 en México, del ONC.

Al contabilizar 80 agresores en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el pasado proceso electoral, el informe realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) dio cuenta que fue a través de redes sociales donde se potencializaron las agresiones contra mujeres aspirantes a cargos de elección popular durante la pasada contienda.

Se dijo que luego de analizar contenidos, se encontró evidencia de las siguientes conductas: agresiones verbales, ridiculizar, descalificar, falta de respeto, imágenes y palabras denigrantes en redes sociales y/o notas periodísticas, dañar materiales de campaña, insultos e intimidaciones, contra mujeres políticas. Además, se difundió información privada para menoscabar su imagen, difundir promocionales que descalifiquen con base en estereotipos de género, difamación y calumnia.

Entre las agresiones más graves sobresalen las amenazas de muerte, ataques o amenazas con armas, presiones para renunciar al cargo, secuestro y feminicidio.

En tanto, se identificó que derivado de la evidencia de comunidades digitales, los agresores suelen asociarse a cuentas bots, por lo que este tipo de actos de violencia política suelen no ser sancionados por el anonimato de los agresores. En cambio, los casos más graves y, paradójicamente, los que tienen más probabilidad de llegar a una sentencia firme son los eventos en los que los principales agresores suelen ser políticos contendientes o autoridades locales.

“La violencia se comete en el mundo material y trasciende al virtual. Hay personajes claramente identificables, al menos los operadores, pues los autores intelectuales, los verdaderos creadores de esas campañas negras para denigrar a las candidatas permanecen bajo sospecha, pero en el anonimato. En este sentido, las posibilidades de sanción se incrementan si los agresores son figuras claramente identificables”, añade el documento.

Asimismo, se resaltó que como ha quedado claro en diversos casos, el apoyo partidista para las mujeres políticas tiende a ser de tipo moral o mediático. Los dirigentes nacionales acompañan las ruedas de prensa, emiten declaraciones, pero poco hacen por aportar o pagar abogados para integrar y darle seguimiento a las denuncias.

“Al parecer, también un obstáculo es la capacitación que no realizan los partidos políticos sobre este tema. Los equipos jurídicos requieren formación y especialización, eso lleva tiempo, pero la evidencia sugiere que este proceso electoral tomó fuera de lugar a los institutos políticos”, resalta el informe.

Uso electoral de vacunas

En su informe, el ONC también analizó los cambios en los patrones temporales, geográficos y organizativos de la comisión de delitos electorales asociados a la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 y la implementación de programas sociales.

Sobre el tema, se identificó que debido al involucramiento e influencia por parte los Servidores de la Nación en la aplicación del programa de vacunación, y el cual se dio en un contexto partidista donde las y los delegados estatales de la Secretaría de Bienestar, identificados como “Superdelegados” junto con los Servidores de la Nación a su cargo, todos ellos militantes o ex militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se colocan como actores clave en el probable uso electoral de programas sociales, específicamente del programa de vacunación.

Aunado a ello, la organización recordó que un buen número de delegados estatales se encuentran bajo investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por posible mal uso de los programas sociales, lo que adiciona fundamentos para cuestionar su labor en el plan de vacunación y posibles ventajas electorales.

“Estos son Aldo Ruiz (Aguascalientes), Juan Carlos Loera (Chihuahua), José Antonio Aguilar Castillejos (Chiapas), Indira Vizcaíno (Colima), Mauricio Hernández (Guanajuato), Rodrigo Abdalá (Puebla), Gabino Morales (San Luis Potosí), José Jaime Montes Salas (Sinaloa) y Jorge Luis Taddei (Sonora). Esta situación se agrava al destacar que algunos y algunas de estos delegados que fungen como coordinadores de Programas Integrales de Desarrollo, se presentaron como candidatos a gubernaturas: Indira Vizcaíno por Colima; Víctor Manuel Castro, Baja California Sur; Lorena Cuéllar, Tlaxcala y Juan Carlos Loera por Chihuahua”, destaca el informe.

Por lo anterior, y considerando el papel de las y los delegados, la organización encontró que otras y otros candidatos a puestos de elección popular que incurrieron en conductas posiblemente constitutivas de delito electoral, las cuales incluyen: distribución de volantes o formularios con leyendas donde la o el candidato se asumen como proveedores de la vacuna (personalización del programa de vacunación) y la posibilidad de elegir marca de la vacuna para lo que se solicitan datos personales (nombre, edad, domicilio, CURP, INE y correo electrónico).

Así como mención en eventos políticos de campaña, carteles o mantas del programa de vacunación como si las candidatas o candidatos mismos participaran en su ejecución e implementación; la realización de padrones o registros de beneficiarios para acceder a programas de gobierno por parte de servidores públicos y el uso discrecional de las vacunas e irregularidades durante la jornada de vacunación.

kg