Félix Salgado Macedonio habría incurrido en la comisión de los delitos de motín, de intimidación o amenaza a siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros Lorenzo Córdova, su presidente, al incitar a sus seguidores a manifestarse en sus domicilios ante la decisión sobre su candidatura.

Para el investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), José Fernández de Cevallos, lo sucedido con respecto a las amenazas vertidas por el morenista entrarían dentro de lo que se indica en el artículo 131 del Código Penal Federal.

Dicho artículo, que forma parte del capítulo IV, Motín, indica: “Se aplicará la pena de seis meses a siete años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su ejercicio o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el orden público con empleo de violencia en las personas o sobre las cosas, o amenacen a la autoridad para intimidarla u obligarla a tomar alguna determinación”.

En este sentido, el jurista precisó que no hay lugar a interpretaciones de dicho artículo ya que “la ley penal no se interpreta, se aplica en su literalidad… la ley penal es de aplicación estricta en términos del artículo 14 de la Constitución… esta persona (Salgado Macedonio), respetando la presunción de inocencia, yo creo que se le debería considerar que probablemente cometió ese delito”.

Fernández de Cevallos añadió que la encargada de perseguir el delito sería la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un delito tipificado en el Código Penal Federal. No obstante, refirió que no tiene conocimiento de casos en los cuales se haya aplicado el referido artículo 131, el cual fue adicionado en 1970.

El politólogo José Antonio Crespo dijo en entrevista no saber si Salgado Macedonio “incurrió o no en ese delito (motín), pero en todo caso estuvo muy cerca al hacer un mitin afuera (del INE) que, en sí mismo eso no importa, pero dijo ‘si no cambian su decisión... los vamos a buscar. Eso es intimidación”.

Vía Twitter, el ministro en retiro José Ramón Cossío consideró que procede aplicar el artículo 209 del Código Penal para la Ciudad de México, que establece: “Al que amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de noventa a trescientos sesenta días multa”.

María Marván Laborde, exconsejera del IFE hoy INE, dijo compartir el punto de vista de Cossío.

En la ley electoral y el Código Penal está tipificado el tipo de amenazas que hizo Salgado Macedonio al consejero Córdova, afirmó.

El artículo 209 prevé, con claridad, abundó, que “las amenazas están tipificadas como delito y ameritan cárcel”.

Madurez del sistema político

El extitular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), Héctor Díaz Santana explicó que la “gran preocupación” no deber ser sancionar la posible conducta penal de Salgado Macedonio, sino la madurez del sistema político mexicano y la irresponsabilidad de algunos actores por generar altos niveles de tensión.

“Estamos en un proceso de claro retroceso porque estas manifestaciones en contra de la autoridad electoral no se habían visto en años... desde 2006”.

El derecho penal tutela la integridad, la vida, el patrimonio y la libertad, amplió, pero hay actos que generan mayor perjuicio cuando van en contra de la paz social y de la fractura del orden institucional.

“O sea, aunque no sean delito, pueden causar mucho mayor perjuicio que un delito especificado en la ley… El gran riesgo es que un sector de la población puede perder la confianza en el árbitro electoral y empezar a generar mecanismos extraconvencionales donde la decisión que debe tomar una ciudadanía digamos informada y en un ámbito de armonía y de paz social se transforme en una pugna y que esté de por medio la violencia”, completó.

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