La dependencia del Estado mexicano a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico ha implicado violaciones generalizadas de derechos humanos, reportó la Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2015.

En el capítulo sobre México, el documento, publicado este lunes, reporta que desde el 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9,000 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había cometido graves violaciones de derechos humanos.

HRW refiere que cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, reconoció que la llamada guerra contra el narcotráfico -iniciada por su predecesor, Felipe Calderón- había propiciado graves abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.

En el 2014, el gobierno adoptó un Programa Nacional de Derechos Humanos que expone sus políticas para los próximos cuatro años, y admitió que todavía se desconocía el paradero de más de 22,000 personas que habían sido denunciadas como extraviadas desde el 2006.

En abril, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar, estableciendo que los abusos cometidos por militares contra civiles deberían ser juzgados en la justicia penal ordinaria. Anteriormente, estos casos tramitaban en el sistema de justicia militar, que en general no lograba que los militares rindieran cuentas por sus abusos. Tras la reforma, HRW menciona que los abusos contra soldados siguen siendo competencia del sistema de justicia militar, que carece de independencia y transparencia.

El documento que consta de 656 páginas, y que examina prácticas de derechos humanos en más de 90 países, reporta que el gobierno ha logrado avances limitados en el juzgamiento de los asesinatos, las desapariciones forzadas y los hechos de tortura generalizados perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.

Otros problemas que persisten, puntualiza HRW, son las restricciones a la libertad de prensa, los abusos contra migrantes y los límites al acceso a derechos reproductivos y a la atención médica.

HRW destaca los casos de Tlatlaya, Estado de México -donde fueron ejecutados extrajudicialmente 22 civiles en una bodega- e Iguala, Guerrero, donde fueron asesinadas seis personas y 43 normalistas fueron desaparecidos por policías municipales y presuntamente asesinados por el crimen organizado. Exhibe que este tipo de casos deja en evidencia un problema más general de corrupción y abusos.

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