Dos funcionarios de la extinta Siedo fueron exonerados por un juez federal, al no encontrar evidencia probatoria de presuntos vínculos con el cártel de Los Beltrán Leyva.

En el 2008, inició la llamada Operación Limpieza en la Procuraduría General de la República, con indicios de que funcionarios de esa dependencia presuntamente colaboraban con el crimen organizado.

Se trata de Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González, a quienes se les seguía un proceso por los delitos de Violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y Contra la Salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera a la ejecución de delitos contra la salud.

A Miguel Colorado González también se le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita.

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco determinó que las acusaciones en contra de Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González carecen de valor probatorio, en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal, evidenciando que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa.

En el 2008, el entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, informó que la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) sería reestructurada, debido a que el crimen organizado la había infiltrado; ello, al haber elementos que indicaban que altos funcionarios de esa área trabajaban para la organización criminal de los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Leyva.

En esa ocasión, informó sobre la detención y consignación de Fernando Rivera Hernández y cuatro personas, además del arraigo de un servidor público y la separación del cargo de 35 fiscales y agentes del Ministerio Público Federal.

Ello derivó de las declaraciones de un testigo protegido en manos de Estados Unidos y que rindió declaración en la sección consular de la Embajada de México en la ciudad de Washington, en la que manifestó que servidores y ex servidores públicos adscritos a la SIEDO, al menos desde el 2004, formaban parte del Cártel de Sinaloa.

Uno de los detenidos y encarcelados es el coordinador general técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González El Viejito del Cielo, que se encargaba de asignar al personal de la Agencia Federal de Investigación adscrito a la mencionada área, las solicitudes de investigación de los agentes del Ministerio Público, por lo que tenía tanto acceso a información confidencial como a los operativos programados en el combate lanzado en contra de las diversas organizaciones criminales del país.

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