Para la implementación de una ley de desaparición forzada en México, con un instituto de investigación forense y un fondo especial para la atención de víctimas y familiares, se requeriría anualmente 121 millones de pesos, de acuerdo con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Esa comisión emitió su opinión de impacto presupuestal respecto de la iniciativa que presentó el pasado 8 de septiembre el diputado federal Juan Romero (Morena) para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Desaparición Forzada y la Desaparición Cometida por Particulares.

Dicha iniciativa propone crear una fiscalía especializada en la PGR, el Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano (INAIFM) y un Fondo Especial para Atención a Víctimas y Familiares de Personas Desaparecidas.

La Comisión de Presupuesto precisó que la fiscalía especializada ya existe en la PGR, por lo que sólo se requerirían 54 millones 642,945 pesos para la creación del INAIFM y 66 millones 628,665 pesos para el fondo. No se requerirían recursos para adquirir o comprar un edificio para ese instituto, ya que se ubicaría en las instalaciones de la UNAM.

De esa forma, la Comisión estableció que la operación de esa iniciativa -que se discute en las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos- tendría un impacto presupuestal anual de 121 millones 271,611 pesos.

Precisó que para establecer el monto presupuestal del fondo se partió del estimado de que en México se denuncian 106 casos en promedio al año de desaparición forzada, de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República al cierre del 2016.

De esa forma, la Comisión de Presupuesto estimó que indemnizar a la víctima directa o sus familiares representaría un monto de 608,397 pesos por costo unitario de víctima.

En tanto, para la creación del Instituto Nacional Autónomo de Investigación Forense Mexicano, precisó que los 54 millones 642,945 pesos se repartirían de la siguiente manera: 30 millones 936,013 pesos para gasto corriente y 23 millones 706,932 pesos para gastos de inversión.

La Comisión de Presupuesto consideró que sería necesario crear con el recurso de inversión laboratorios de servicios periciales de la PGR en los estados de Tabasco, Jalisco, Oaxaca y Sonora en el primer año de operación de la ley.

Sobre el impacto presupuestal de un banco de datos de personas víctimas de desaparición forzada por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, o bien por civiles, la Comisión de Presupuesto consideró que esto no tendría impacto económico, ya que la Procuraduría General de la República cuenta con un banco nacional de ADN, que hasta el año pasado ya contaba con 28,600 registros de familiares de personas desaparecidas.

Cabe destacar que la iniciativa del diputado Romero Tenorio -que está pendiente de discutirse en las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos- también considera fijar como grave la conducta de desaparición forzada, la investigación inmediata por parte de los ministerios públicos cuando tengan conocimiento del hecho ocurrido así como precisar las sanciones, agravantes, atenuantes e incentivos procesales en la comisión del delito, ya sea ejecutada por agentes del Estado o particulares.

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