Inés Gómez Mont, actriz y conductora, afirmó que ella y su esposo, Víctor Álvarez Puga, son inocentes y víctimas de persecución de las autoridades federales que los acusan de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por el presunto desvío de recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el sexenio pasado.

“Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada. Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas”, dijo la presentadora de televisión.

A través de su cuenta de Instagram, recordó que el juez de Distrito, Iván Aarón Zeferín Hernández, giró una orden de aprehensión en su contra y de su esposo, a raíz de una denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.

Gómez Mont consideró que Romero “no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra”.

Víctor Manuel Álvarez Puga encabeza el despacho Álvarez Puga & Asociados y participó en la Cruzada Nacional contra el Hambre y a la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos.

La denuncia presentada en contra de Álvarez Puga y su esposa, Inés Gómez Mont, los señala de cómplices en malversación de fondos por casi 2,950 millones de pesos que provenían del presupuesto de la Segob en el anterior sexenio.

Gómez Mont dijo que “he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi contra. Ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y Procuraduría de la Defensa del Contribuyente”.

La conductora calificó como “lamentable” que el juez Zeferín Hernández no le haya permitido a ella y su pareja sentimental acudir a una audiencia previo a girar la orden de aprehensión, y cuestionó que se le quiera recluir en un penal federal de máxima seguridad. “Pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad”, sostuvo.

kg