La crisis del Sistema Penitenciario Nacional no sólo está marcada por corrupción, autogobiernos, incendios, motines, reyertas, asesinatos masivos, sino por el incumplimiento de crear la figura del juez de ejecución de sentencias, quien permitiría despresurizar y disminuir la sobrepoblación en prisiones, compromiso asumido en la reforma de justicia penal del 2008.

Mientras tanto, la Federación, estados y municipios se echan la culpa de la crisis, con un saldo resultado de ineficiencia e ineficacia, que se eleva cada vez desde el 2006 a la fecha, con un saldo de 615 reos de alta peligrosidad, del fuero común o federal fugados, más 261 muertos y 219 heridos en 22 diferentes hechos cotejados por El Economista.

Tanto en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), procuradurías y fiscalías generales de justicia de 31 estados, Distrito Federal y Procuraduría General de la República (PGR).

El incumplimiento de la figura del juez de ejecución de sentencias en todos los niveles de gobierno lo definieron, el catedrático Eduardo Amerena Minvielle e Israel Alvarado Martínez, consejero de la Judicatura Federal del Distrito Federal, en la conferencia: La Implementación de la Reforma Constitucional del 2008 y los Derechos Humanos , celebrada en la Universidad Iberoamericana (UI) hace una semana.

El catedrático de la UI del Departamento de Derecho, Amerena Minvielle, dijo: A seis meses de entrada en vigor esa figura de juez, ni la mitad de los estados ha implementado el modelo de quien sería responsable de conocer expedientes de presos que pueden recibir beneficios de libertad anticipada , para despresurizar y abatir la sobrepoblación carcelaria.

Por otra parte, el consejero Alvarado Martínez destacó: No ha pasado nada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se ha pronunciado al respecto, mientras que los jefes del Ejecutivo estatales siguen dormidos .

El Sistema Penitenciario Nacional está compuesto por 429 Centros de Readaptación Social (Ceresos), penitenciarias, prisiones o reclusorios, sin obviar, los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), todos envueltos en corrupción, motines, riñas, fugas, enfrentamientos e incendios para refrendar el autogobierno, con complacencia, en ocasiones de las autoridades.

Sin embargo, la marca del crimen organizado y cárteles de la droga dejó el sello de su fuerza, poderío y capacidad en esos territorios, a partir del Operativo Libertad que aplicaron sicarios de Los Zetas la madrugada del 19 de mayo del 2009 en Zacatecas.

Sin un solo disparo, liberó a 53 reos de su clan al llegar al penal de Cieneguillas, Zacatecas, entonces gobernado por Amalia García del Partido de la Revolución Democrática, a bordo de patrullas clonadas de la Policía Federal y sin ninguna oposición de ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno.

El crack del sistema penitenciario se escuchó desde entonces. Pero ni la autoridad pudo explicar la incapacidad que se volvió a renovar con los hechos del penal de Apodaca, Nuevo León, que prendió de nuevo focos rojos y llevó a replantear la vigilancia, luego de un encuentro entre Genaro García Luna y el gobernador Rodrigo Medina el pasado viernes.

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