El Pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional el aseguramiento por parte del Ministerio Público de cuentas bancarias o derechos derivados de operaciones financieras sin que exista previa autorización judicial.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los ministros se inclinaron a favor del proyecto de Javier Laynez Potisek.

Sin embargo, a pesar de la aprobación de la invalidez, los togados determinarán cuáles son los efectos de ésta, luego de analizar la totalidad de los artículos impugnados por la CNDH y el INAI, para definir a partir de cuándo surtirá efectos o si implicará alguna obligación del Congreso de la Unión a fin de modificar la ley.

Jorge Mario Pardo Rebolledo, al argumentar a favor de la invalidez, destacó que en el artículo 242 está de manera expresa que es el Ministerio Público el que ordena el aseguramiento, “sea con autorización previa del juez o sin ella”.

“El que hace la orden, el que gira el oficio, el que da la instrucción, es el Ministerio Público, y en este caso, coincido que, tratándose de aseguramientos de este tipo de cuentas, es necesaria la autorización previa judicial”, expuso.

Asimismo, por unanimidad la Corte invalidó el artículo 249 de la misma legislación, que establece que el Ministerio Público decretará o solicitará al órgano jurisdiccional el embargo precautorio, o decomisar bienes al imputado cuyo valor sea equivalente al producto del delito y que dicho producto  haya desaparecido.

“Toda vez que el aseguramiento de bienes y el embargo precautorio deben llevarse a cabo con control judicial, y que el decomiso igualmente se trata de una función exclusiva del juez que resuelve proceso penal, procedería declarar la invalidez”, expuso Laynez.