En la Cámara de Diputados y el Senado de la República se analiza reducir el periodo de algunos integrantes de organismos autónomos y replantear los requisitos para ser electos, y sigue pendiente, desde mediados del 2017, la designación de 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a fin de concluir con la integración del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Por ejemplo, los diputados federales estudian reformar el artículo 41, fracción V, apartado A, párrafo quinto de la Constitución para establecer que la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sea rotativa cada tres años y recaiga en el consejero electoral que designe la Cámara de Diputados. Actualmente, dicho cargo es por nueve años.

Aclara la enmienda promovida por legisladores de Morena, PT, PES y PVEM, mediante un artículo transitorio, que el referido nombramiento “se llevará a cabo por primera ocasión al momento en que la Cámara de Diputados nombre a los cuatro consejeros/as que habrán de tomar protesta en abril del año 2020”.

De aprobarse el proyecto, aplicaría a Lorenzo Córdova Vianello, actual consejero presidente del INE, cuyo periodo para el que fue electo terminaría en el 2023.

Entre las enmiendas en ciernes en San Lázaro destaca otra, también de Morena —la fuerza política mayoritaria— que estudia la Comisión de Gobernación y Población, por la que se propone reformar el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para modificar los requisitos para ser consejero electoral.

Se busca establecer ahora que quien aspire al cargo deberá ser hijo de padre o madre mexicanos y residido en el país al menos 20 años; tener 28 años cumplidos al asumir el cargo; haber residido en el país durante el año anterior al periodo de la elección; no haber sido registrado como candidato, ni desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, y no haber sido secretario de Estado en los últimos cinco años a la fecha de la toma de protesta.

Además de que los consejeros electorales tengan un perfil idóneo, por lo que habrá de considerarse a los licenciados en Ciencia Política o Administración.

Los cambios previstos plantean también la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople) en todas las entidades federativas del país.

“El Instituto Nacional Electoral contará con un consejo local en cada entidad federativa, que estará integrado por cinco consejeros locales, un secretario ejecutivo local y representantes de los partidos políticos; los consejeros locales durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de reelección”, cita la iniciativa correspondiente, al argüir que en el 2018 los Ople tuvieron un presupuesto de 14,000 millones de pesos para su sostenimiento y organización de 24 elecciones.

En comisiones del Senado se analiza, en tanto, eliminar la creación de cinco salas especializadas del TFJA, una por cada circunscripción del país, que se encargarían de atender los casos de corrupción que iniciaran autoridades federales en las entidades federativas.

Promovida por Olga Sánchez Cordero, senadora con licencia y actual secretaria de Gobernación, la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas sugiere la eliminación de dichas salas porque las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción y que establecen el SNA, promulgadas en el 2015, no prevén su creación.

El pasado 5 de noviembre, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, llamó de nuevo al Senado a nombrar ya a los magistrados faltantes del TFJA para dar por concluida la integración del SNA.

Por su parte, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, propone “sustituir” al Consejo de la Judicatura Federal y nombrar a cinco ministros anticorrupción para conformar una Tercera Sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde su óptica, el poder Judicial federal tiene que sufrir una sacudida; la judicatura, dijo en abril pasado al presentar su iniciativa, se ha convertido en un ente pesado, burocrático y costoso.

Considera el zacatecano que el SNA no ha funcionado y por eso se necesita “un aparato de justicia austero y eficaz”, lo que se lograría de aprobarse sus iniciativas.

politica@eleconomista.mx