La reubicación de las secretarías de Estado en las entidades del país es un proyecto que ha sido planteado desde hace más de tres décadas; no obstante, desde entonces el reordenamiento de las dependencias federales se ha quedado en un estatus de intención, debido al reto logístico que significa la reubicación.

De acuerdo con el libro Los Grandes Problemas de México editado por el Colmex en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia, en su capítulo “Nuevo federalismo, nuevos conflictos” escrito por Mauricio Merino, el académico señala que es desde 1983, en el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, cuando éste propone por primera vez modificaciones al Artículo 115 constitucional con el objetivo de descentralizar las decisiones de las Secretarías de Estado para otorgar mayores facultades a los municipios y estados.

“El gobierno de De la Madrid se propuso recortar gastos, reducir el tamaño de la burocracia y vender empresas improductivas. Pero esa operación no sólo tendría efectos directos sobre el empleo público, sino también sobre el federalismo, al descargar en los gobiernos locales la construcción de obras y la prestación de servicios que antes se decidían en las dependencias del gobierno federal”, precisa Merino en su texto.

La reubicación de las dependencias tomó fuerza tras el terremoto que devastó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985.

Tras el fenómeno natural, el 10 de octubre de 1985 se publica en el Diario Oficial el acuerdo por el que nace el Comité de Descentralización como un órgano de la Comisión Nacional de Reconstrucción. El Comité estaría vigente durante un par de años, extinguiéndose el 11 de agosto de 1987.

“Es algo no completamente realizable, sino en algunos casos puede ser interesante y viable”, afirma Ignacio Marván Laborde, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas y exintegrante de la Comisión de Descentralización.

Marván explica que la razón para reubicar las secretarías de Estado en aquel entonces fue la vulnerabilidad que tenía el aparato gubernamental ante fenómenos naturales como el terremoto.

“Lo más que se logró fue sacar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a Aguascalientes, sacar a Caminos y Puentes Federales a Morelos, si mal no recuerdo el Instituto Mexicano del Café que ya tenía muchas operaciones en Xalapa (Veracruz); pero también se llevó (a otra entidad)”, relata.

La principal razón por la que no se continuó con la reubicación de las secretarías, comenta el investigador en temas como federalismo, fue el reto logístico que significaba la reinstalación de miles de empleados.

“Cuando estuvimos estudiando esto a fondo el problema sí era el traslado de la gente, pero sobre todo era la recepción de la gente que era muy difícil, de repente meterle a una población 1,000 o 3,000 personas es un impacto muy importante”, precisa.

El impacto para la Ciudad de México, agrega Marván, era también una preocupación debido a que en ese entonces se encontraba creciendo poblacionalmente, además de lo que significaba en términos económicos la capital para el país.

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