Al concluir el sexenio pasado, en México había un proceso en marcha para construir un sistema para prevenir y atacar la corrupción; sin embargo, al entrar el nuevo gobierno, se cambió a una perspectiva más centralizada, sobre todo con la figura de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y se apostó más por “la cacería de brujas”, que por el fortalecimiento de dicho andamiaje, afirmó Emiliano Montes de Oca.

El investigador del laboratorio de políticas públicas Ethos dijo que eso explica la forma en que se instrumentaron los casos para detener y procesar a la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles y el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

Para Montes de Oca cuando llegó la pandemia del Covid-19 a México, el país se encontraba con un panorama anticorrupción centralizado y selectivo. Posteriormente, con la emergencia sanitaria comenzaron a tomarse decisiones aceleradas, de alguna manera, justificadas por la contingencia, como las adjudicaciones directas a proveedores del sector salud, indicó.

Dijo que un ejemplo de ello fue la decisión del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo, de adjudicar directamente a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Ávila, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, a pesar de que había elementos de posible conflicto de interés.

Además, recordó que, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) los precios de esta empresa eran los más altos del mercado. Al convertirse en un asunto mediático, añadió, la Secretaría de la Función Pública anunció que cuenta con “líneas de investigación abiertas” en el caso, además de que “ya se devolvieron los ventiladores a la empresa proveedora” y que no se ha erogado ningún recurso por el contrato.

Por otro lado, recordó que también existe una denuncia, interpuesta por una senadora ante la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación, en contra de ambos Bartlett por conflicto de interés, la cual debe investigarse.

Montes de Oca dijo que entre que “si son peras o son manzanas, lo cierto es que lo que vemos en esta administración es una centralización del combate a la corrupción en el que se ha dejado de lado el andamiaje institucional con el que contamos para combatirla, el Sistema Nacional Anticorrupción”.

Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción constituye un conjunto de leyes e instituciones, coordinadas entre sí, que previenen, investigan y sancionan la corrupción. “Este Sistema fue pensado para que existiera un sistema de pesos y contrapesos. En él participan representantes no sólo del poder ejecutivo, sino también del legislativo, del judicial, de los organismos autónomos y del ciudadano”, destacó.

Para el investigador, lo grave es que los esfuerzos de prevención son escasos y que la investigación y sanción se enfocan en el trabajo que realiza el Ejecutivo. Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación (que depende de la Cámara de Diputados) y la Fiscalía Anticorrupción, deberían jugar un papel más importante, pero han sido colocadas en un nivel secundario.

El especialista destacó que no está habiendo una articulación, o al menos no se ve, por parte de las instituciones que conforman el SNA. Ni a nivel federal y mucho menos a nivel local.

Para Montes de Oca, la articulación debería servir no sólo para investigar y sancionar, sino también para prevenir la corrupción.

“Si bien el tema del Covid-19 nos agarró a todos por sorpresa, una buena coordinación entre instituciones hubiera podido haber prevenido muchas otras conductas irregulares que se están dando en todo el país”, agregó.

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