Con el respaldo del PRI, PAN y PRD, la Cámara de Diputados se propone eliminar la figura jurídica de fuero constitucional en el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el próximo 1 de febrero.

Entrevistado por El Economista, Julio César Moreno (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que por el consenso que se logró en el Senado para la aprobación de la minuta de reformas a los artículos 61, 111 y 112 constitucionales, la enmienda se ratificaría antes del 30 de abril.

A decir del perredista, urge legislar en materia de fuero constitucional, aunque considera que la minuta debe ser modificada por los diputados federales porque tal como la aprobaron los senadores podría aprovecharse la enmienda para abrir la puerta a la persecución o el revanchismo por motivos políticos.

"Habría que precisar hasta qué nivel de juez debe dictar sentencia para que proceda el desafuero. Porque el juez es la primera instancia, hay todavía apelación y juicio de amparo. Si es hasta que la sentencia cause estado o ejecutoria, o hasta qué momento. Esto para evitar que más allá de quitar el fuero dejemos una laguna porque con las argucias jurídicas se pueden hacer muchas cosas".

En su opinión la reforma que se pretende es justa porque está enfocada a combatir la impunidad.

"El desafuero procedería cuando verdaderamente hay un delito y eso es declarado por un juez. No se quita el fuero antes de que inicie el juicio. Ya no habría juicio de procedencia. Se busca una garantía más para que los servidores públicos no gocen de impunidad", puntualizó.

De acuerdo con la minuta del Senado que desde diciembre de 2011 se analiza en San Lázaro, cuando exista presunta responsabilidad penal por parte de alguno de los servidores públicos con fuero constitucional, y una vez que se ejerza la acción penal correspondiente, el juez determinará si expide el auto de vinculación a proceso penal.

"En tanto se lleve a cabo el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su cargo", precisa la reforma.

Establece además que cuando el juez de la causa dicte sentencia condenatoria de primera instancia, el mismo juez solicitará a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad para que el sentenciado cese en sus funciones y quede a disposición de la autoridad correspondiente.

"En la Cámara de Diputados no se producirá dictamen previo alguno y ésta resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros presentes sobre el pedimento judicial dentro de los diez días hábiles a partir de la presentación del mismo y con audiencia del servidor público", cita el cambio ya aprobado por el Senado.

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