El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio que le permitiría a las autoridades disponer de los bienes asegurados a la delincuencia organizada. 

La extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre los bienes de carácter patrimonial y de todas las cosas materiales cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados o vinculados con los delitos establecidos en el Artículo 22 constitucional.

El artículo 10 de la ley prevé que el procedimiento de extinción de dominio será autónomo del de materia penal, distinto e independiente de cualquier otro de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los derechos procesales de los terceros de buena fe.

De acuerdo con esta regulación, que se realizó a partir de la Ley Modelo del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estipula que son hechos susceptibles a la extinción de dominio la delincuencia organizada; el secuestro, los delitos en materia de hidrocarburos, petrolítiferos y petroquímicos, los delitos contra la salud, la trata de personas, delitos por hechos de corrupción, los delitos cometidos por servidores públicos, el robo de vehículos, los recursos de procedencia ilícita, la extorsión, entre otros.

kgb